El abogado penalista Eduardo Balarezo, conocido por su papel en la defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán se incorporó al equipo legal de Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, exlíderes del cártel de Los Zetas.
Su participación fue confirmada mediante un documento presentado ante la Corte de Distrito de Washington D.C., donde actúa como defensor de Miguel Ángel Treviño, alias “Z-40”. Balarezo se une a un equipo de defensa compuesto por litigantes de al menos siete firmas legales distintas, entre ellos nombres de alto perfil como Michael McCrum, exfiscal federal que procesó al exgobernador de Texas Rick Perry; Manuel J. Retureta, defensor de expresidentes latinoamericanos; y Frank Pérez, abogado del también capo Ismael “El Mayo” Zambada.
¿Quién es Eduardo Balarezo?
Balarezo es fundador de Balarezo Law y ha ejercido en cortes federales de todo EE.UU. Es hijo de inmigrantes ecuatorianos y egresado de Georgetown y la Escuela de Derecho Howard.
Ha representado a figuras como Zhenli Ye Gon y Alfredo Beltrán Leyva, y se le reconoce por su estilo agresivo y estratégico en casos complejos, incluidos delitos de narcotráfico y extradiciones internacionales.
Aunque fue parte clave del equipo legal de “El Chapo”, se distanció antes de la sentencia final por desacuerdos estratégicos. A pesar de críticas posteriores, mantiene su reputación como uno de los penalistas más experimentados en casos de crimen organizado internacional. Cargos contra los hermanos Treviño.
El proceso judicial contra los Treviño Morales abarca cargos graves como narcotráfico, lavado de dinero, empresa criminal continua y otros delitos federales.
Tras su expulsión de México en febrero, los hermanos contrataron de forma privada a un equipo jurídico considerado como un “dream team” legal por su experiencia en casos de crimen organizado transnacional.
La audiencia de revisión del proceso, programada inicialmente para mediados de junio fue adelantada dos días. En ella se discutirá el avance en el análisis de pruebas y la posible negociación de acuerdos con la fiscalía.
También se espera abordar si los fiscales buscarán la pena de muerte, una posibilidad real debido a la naturaleza de los delitos y el hecho de que los acusados no fueron extraditados, sino expulsados del territorio mexicano.