El asunto había generado polémica y litigios en los últimos cuatro años, mediante amparos de empresas y movilizaciones de protesta de trabajadores repartidores de las plataformas.

Estos últimos acusan que el cobro les afectará en sus ingresos y al bolsillo del usuario final. Con una mayoría calificada de siete votos contra dos, el Pleno aprobó el proyecto de la ministra Lenia Batres que declaró constitucional la reforma de 2021 impulsada por la entonces jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum al artículo 307 TER del Código Fiscal de la Ciudad de México, que impuso el cobro como “aprovechamiento”.

Las empresas lo impugnaron al sostener que, en realidad, se trataba de un “derecho” que generaba doble tributación, prohibida en la capital.

“El ingreso en estudio es un aprovechamiento, dado que, al gravar la actividad económica de las plataformas digitales de repartición de bienes y servicios que generan ganancias para las propias empresas, se busca retribuir a la ciudad porque esa actividad comercial utiliza su infraestructura para desarrollar una actividad económica que produce ganancias, pero que desgasta la infraestructura urbana”, expuso la ponente.