La industria minera exige al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo garantías de seguridad para los trabajadores de las minas en México.

La industria minera exigió al gobierno de Claudia Sheinbaum que haya justicia para los 7 mineros desaparecidos y tres asesinados en Sinaloa, para que no queden en una simple estadística.

“El derecho de sus familias y de la comunidad minera a obtener una resolución que trascienda a una simple estadística y se traduzca en justicia efectiva”, afirmaron en una exigencia la Cámara Minera de México (Camimex) y Cámara de Comercio del Canadá en México (CanCham).

La demanda fue respaldada por el Colegio de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México (CIMMGM), la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), Asociación de Mineros de Sonora (AMSAC), el Clúster Minero de Sonora, Clúster Minero de Durango, Clúster Minero de Zacatecas, Clúster Minero de Chihuahua y Clúster Minero de Sinaloa.

“Pedimos que la prioridad absoluta siga siendo la localización con vida de nuestros compañeros que aún están desaparecidos y que puedan regresar a casa, con sus familias, donde pertenecen”, expresaron los organismos empresariales.

La industria minera mostró su más profundo pésame a las familias y seres queridos de los compañeros Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Ángel Hernández Vélez y José Manuel Castañeda Hernández, hallados sin vida e identificados hasta el momento por las autoridades. “Los colegas encontrados sin vida fueron privados de la libertad junto con otros mineros de la empresa Vizsla Silver Corp., el 23 de enero de 2026, en el municipio de Concordia, Sinaloa”.

Ante esta situación, el sector minero fijó una postura de estricta observancia sobre el actuar de las instituciones de procuración de justicia en la desaparición de los 10 mineros en Concordia.

“Para nuestro sector resulta inaceptable, bajo cualquier criterio técnico o social, que la integridad de los trabajadores sea vulnerada”, declararon los entes empresariales.

Las organizaciones privadas manifestaron que seguirán acompañando a las familias y colaborando con las autoridades hasta tener respuestas, justicia y garantías efectivas de seguridad para quienes trabajan dignamente en las regiones mineras de México.

“Reafirmamos nuestro llamado urgente a que este caso no quede impune y que se actúe con toda la fuerza del Estado para garantizar seguridad, legalidad y respeto a la dignidad humana”.