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Lunes, 11 Mayo 2026 08:08

El SAT detectó más de 17 mil depósitos y 55 mil retiros por casi 10 mil millones de pesos en empresas sin autorización financiera y ahora la FGR busca imputar a seis personas por lavado de dinero

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El SAT detectó más de 17 mil depósitos y 55 mil retiros por casi 10 mil millones de pesos en empresas sin autorización financiera y ahora la FGR busca imputar a seis personas por lavado. El SAT detectó más de 17 mil depósitos y 55 mil retiros por casi 10 mil millones de pesos en empresas sin autorización financiera y ahora la FGR busca imputar a seis personas por lavado.

SAT y FGR detectan presunta red de lavado por casi 10 mil millones de pesos vinculada con empresas factureras y el caso ya fue llevado ante un juez federal en México.

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con la Fiscalía General de la República (FGR), detectó uno de los presuntos esquemas de lavado de dinero más grandes judicializados en México durante la última década, con operaciones que habrían movilizado cerca de 10 mil millones de pesos en un periodo menor a tres años.

De acuerdo con información publicada por el diario Reforma y sustentada en una investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), las empresas Optimización Dalga, Lovies y OHAT realizaron miles de depósitos y retiros bancarios que hoy son investigados como posibles operaciones de lavado de activos.

El caso ya fue presentado ante un juez federal y las autoridades se encuentran en espera de la audiencia de imputación contra seis personas relacionadas con las compañías investigadas. Gobierno de Claudia Sheinbaum reconoció que algunas empresas usaban dinero donado por organizaciones civiles para contratar a su personal y ahora el SAT canceló autorizaciones y está exigiendo comprobar actividades reales para conservar beneficios fiscales México

La dimensión del dinero detectado ha llamado la atención por su tamaño.

Según los datos expuestos en la indagatoria, el monto investigado es similar al presupuesto anual asignado en 2026 a dependencias federales como la Secretaría de Relaciones Exteriores o la Secretaría de Gobernación.

¿Qué detectaron el SAT y la FGR en este caso?

La investigación de la FEMDO señala que las empresas involucradas registraron movimientos bancarios millonarios entre enero de 2016 y abril de 2018, así como entre julio y octubre de 2019.

En ese periodo, las compañías realizaron: 17 mil 566 depósitos por 9 mil 631.8 millones de pesos 55 mil 644 retiros por 9 mil 629.4 millones de pesos Las autoridades consideran relevante que gran parte de esos movimientos fueron enviados a cientos de personas físicas y morales, algunas de ellas incluidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dentro del listado de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), conocidas comúnmente como “factureras”.

Estas empresas son investigadas porque presuntamente emiten comprobantes fiscales por operaciones inexistentes para aparentar gastos, mover dinero o reducir pagos de impuestos.

¿Por qué este caso es considerado uno de los más grandes en México?

Por el volumen de dinero investigado, este expediente ya es considerado uno de los tres asuntos judicializados más importantes por lavado de dinero en años recientes. Según la información del caso, únicamente dos expedientes tendrían montos superiores: Caso Black Wallstreet Capital El empresario Juan Carlos Minero Alonso, presidente de Black Wallstreet Capital, fue procesado por presunto lavado de aproximadamente 15 mil millones de pesos entre 2014 y 2022.

Caso “La Trilladora” Otro expediente de alto perfil es el de Manuel Rodolfo Trillo Hernández, alias “La Trilladora”, identificado como presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa.

En su caso, las autoridades le atribuyeron operaciones por más de 6 mil 119 millones de pesos entre 2013 y 2018. Con los casi 10 mil millones detectados en esta nueva investigación, el expediente de Dalga, Lovies y OHAT se coloca entre los más relevantes que han llegado ante tribunales federales.

¿Quiénes aparecen relacionados con las empresas investigadas?

La investigación establece que las compañías fueron constituidas en 2015 ante notarios públicos de la Ciudad de México y del Estado de México. En las tres razones sociales aparece vinculado el nombre de Vicente Estrada Viveros, aunque con distintos cargos.

En Optimización Dalga Diana Luz Torres García aparece como accionista Francisco Manuel González Rodal figura como accionista Vicente Estrada Viveros aparece como apoderado En Lovies Vicente Estrada Viveros aparece como accionista Rafael Solano López figura como accionista Claudia Guzmán Salazar aparece como administradora En OHAT Teresa García Quijano figura como accionista José Luis Pedraza Ávila aparece como accionista y administrador Vicente Estrada Viveros es señalado como apoderado legal Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente si las personas mencionadas han emitido una postura sobre las acusaciones.

¿Las empresas tenían autorización para operar como entidades financieras?

Uno de los puntos clave de la investigación fue revisar si las compañías tenían permiso para realizar actividades similares a las de centros cambiarios o transmisores de dinero. Por ello, la FEMDO solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La respuesta oficial, fechada el 10 de enero de 2024, señaló que: “No se encontró ninguna entidad financiera bajo las denominaciones Optimización Dalga, Lovies, OHAT y Grupo Taurs Soluciones en Tecnología e Ingeniería, no existe ningún antecedente o autorización”.

Ese dato se convirtió en una de las piezas centrales de la investigación federal.

¿En qué estados se detectaron operaciones?

Las autoridades identificaron movimientos vinculados con personas físicas en distintos puntos del país, entre ellos:

Ciudad de México

Metepec

Tlalnepantla

Xalapa

Zapopan

La dispersión geográfica de las operaciones es uno de los elementos que analiza la FGR para determinar el alcance total de la red financiera.

¿Qué sigue en la investigación?

Fuentes federales consultadas por Reforma indicaron que la FGR ya judicializó el caso y ahora espera la audiencia inicial para formular imputaciones formales por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido legalmente como lavado de dinero.

Por ahora, el proceso continúa en etapa judicial y será un juez quien determine si existen elementos suficientes para vincular a proceso a las personas señaladas en la investigación federal.

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