Una prueba de lo primero es que Sola Basic –una empresa acusada en los juzgados en Tijuana por ineficacia– será la que modifique 128 mil 589 luminarias en el Distrito Federal bajo el programa “Iluminemos tu Ciudad”. La prueba de lo segundo es que dos empresas, López Santos Grúas y Transportes SA, y Transportación Especializada y Grúas Industriales Napoleón -que durante el gobierno de Marcelo Ebrard no acataron la encomienda de retirar espectaculares-  en 2013, apenas iniciada la administración mancerista, consiguieron otra vez un contrato millonario. Al tiempo, al gobierno capitalino tampoco le importa tolerar el crecimiento del ambulantaje. Visto como economía, el Distrito Federal es un pastel de millones de pesos que por ahora está bajo la administración de tres funcionarios: Héctor Serrano Cortés en la Secretaría de Gobierno, Fernando Aboitiz Saro en la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México y Simón Neumann Ladenzon en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda…

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- El mediodía del 2 septiembre de 2011, la empresa Sola Basic ganó la licitación pública para cambiar las luces de Tijuana, Baja California. No era cualquier desafío. Fundado en 1955, el consorcio sólo había tenido contratos en municipios para colocar balastros (una de las tres partes que lleva una lámpara; las otras son el foco y la carcaza o housing). Esta vez construiría 63 mil 400 luminarias completas en un gigantesco proyecto que cubriría de luz blanca la ciudad frontera. Significaba la creación de un modelo referente, no sólo para otras ciudades del país, sino también para San Antonio, Texas.

Por lo menos esos eran los sueños empresariales. Impresas en los periódicos locales, hoy es posible encontrar las palabras de Luis Manuel Rosas Moreno, en ese momento director de Proyectos Especiales de Sola Basic, respecto a las luces de Tijuana: “Este es el proyecto más ambicioso [de la compañía], porque ya no sólo conjugamos la parte de la imagen y de la seguridad; sino que le añadimos la parte del ahorro. Este va a ser un proyecto modelo. De aquí para adelante va a ser un parteaguas y todos los municipios de México van a tener que adoptarlo”. (El Mexicano, viernes 2 de marzo, 2012).

Pero los 130 millones de pesos pagados por el Ayuntamiento de Tijuana no fueron suficientes para que la empresa cumpliera. Sola Basic no logró iluminar Tijuana y, en cambio, generó un juego de luces y sombras. “Basta recorrer la ciudad para constatar las penumbras”, exclama el ingeniero Omar Osuna Berrelleza, fabricante de lámparas que participó a través de GM Electromecánica en la licitación. Datos de la misma Alcaldía dan cuenta de tal oscuridad: de las 63 mil 400 que se licitaron, el 70 por ciento presenta fallas o no fue colocado.

Según el Ayuntamiento, compitieron 33 empresas, de las cuales calificaron cuatro. Una fuente (un hombre que aún trabaja en la administración municipal) relata una historia paralela: Carlos Bustamante Aubanel, hijo del entonces Alcalde Carlos Bustamante, acordó una comisión de 20 millones de pesos a cambio de gestionar la reposición de las lámparas. “Nadie pudo decirle que no”, reconstruye.

De modo que las cosas no salieron bien y en abril de 2013, el Ayuntamiento de Tijuana interpuso una demanda en contra de la empresa Industrias Sola Basic por incumplimiento del contrato licitado. Por estrategia, se retractó ante el dicho del apoderado legal de la firma, Marco Antonio Villagrán Roldán, quien se comprometió a terminar de reponer las luminarias pendientes.

¿Por qué falló todo?

Osuna Berrelleza, experto en iluminación de ciudades, explica: “Las lámparas de Tijuana son ejemplo de una licitación dirigida. Pero de una licitación dirigida que privilegió una calidad muy reprochable. La licitación indicó en principio que sería una instalación con LED o inducción magnética. La realidad fue otra. Al final, en las bases se pidió tecnología convencional”. El ingeniero continúa: “Querían instalar lámparas de vapor de sodio o de aditivos metálicos y ninguno de los que estábamos concursando usábamos esa tecnología, que es convencional. Sólo Sola Basic”.

TIANGUIS DE SEGUNDA MANO

En agosto de 2014, el relato anterior no tiene ningún peso en el Gobierno del Distrito Federal (GDF). A juzgar por su comportamiento de compra, la autoridad capitalina no apela a la ética del buen consumidor que investiga a detalle antes de decidir pagar por algo.

La administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa se dispone a adquirir un paquete de 128 mil 589 luminarias del programa “Iluminemos tu Ciudad” a la empresa Sola Basic y su distribuidora autorizada Axati Internacional. Como ocurrió en Tijuana, en la capital del país el consorcio de las luces no tuvo competencia. Se presentó sola con una propuesta de 614 millones 160 mil pesos para cuatro partidas (1, 3, 4 y 5) del contrato, según puede apreciarse en el sobre abierto de la licitación pública 909005977-N7-2014.

En el documento de la subasta se lee que que para obtener una mejor oferta económica por parte de los licitantes, el concurso ocurrió dos veces y se indica que algunas partidas fueron declaradas desiertas, “toda vez que los licitantes no cumplieron con los requisitos de las bases que buscaron la mejor opción para la ciudad”.

En el país hay unos ocho millones de puntos de iluminación, de los cuales el 90 por ciento es controlado por autoridades de los tres niveles de gobierno. Sólo con la fabricación de balastros, Sola Basic controla 60 por ciento de este parque desde hace 37 años, indican datos de la Comisión Federal de Electricidad, los Ayuntamientos y la propia empresa.

En mayo de 2007, durante la Cumbre de las Grandes Ciudades sobre Cambio Climático (C40) en Nueva York, la Fundación Bill Clinton traspasó de sus cuentas 200 millones de dólares (mdd) para los programas de ahorro energético de la Ciudad de México. El donativo llegó acompañado de una recomendación: había que modernizar la tecnología eléctrica de las poblaciones mexicanas, según estudios de la iniciativa CGI Latin America, porque el 70 por ciento del consumo se concentraba en iluminación y aire acondicionado; lo cual resultaba un dispendio. Hoy, el GDF ha seleccionado a Sola Basic para este desafío.

No es sólo la luz el ámbito donde hay olvido. Las empresas López Santos Grúas y Transportes SA, y Transportación Especializada y Grúas Industriales Napoleón incurrieron en el gobierno pasado de Marcelo Ebrard Casaubón (2006-2012) en incumplimiento para desmontar espectaculares, pese a un pago de 56.6 millones de pesos. Pero en 2013, la administración mancerista las contrató otra vez.

Y hay algo más que en la economía capitalina se está reciclando: el ambulantaje. Si la administración de Ebrard diseñó el área de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública -una dirección que en 2008 se convirtió en Subsecretaría- desde la cual se logró hacer una medición del poderío de los líderes con el fin de ordenarlos, hoy el conglomerado es más grande y su derrama significa cada vez más dinero.

Con el comercio ambulante –cuya presencia histórica en la capital del país ha sido una red con tejido fuerte y cada vez más agigantada– el GDF también negocia y otorga desde los espacios públicos hasta la electricidad. Lo hace con los mismos dirigentes que en el pasado han estado en conflictos no sólo sociales, sino legales, sostiene Guillermo Gazal, dirigente de Procentrihico.

Al elaborar el mapa de influencia de los ambulantes en el primer cuadro de la Ciudad de México, Sin Embargo calculó que cada día en el Distrito Federal hay una derrama de casi un millón y medio de pesos, sólo en el Centro Histórico. Procentrihico sostiene que es posible diagramar al consabido negocio: el comerciante le paga al líder, el líder le paga a un funcionario en la delegación, con el aval del delegado; el empleado de la delegación le paga a un funcionario en la Secretaría de Gobierno, donde se encuentra Héctor Serrano Cortés, el hombre que ocupó la Subsecretaría de Reordenamiento de 2008 a 2011. Ahí ocurre el Visto Bueno.

LA TRIADA

Si como sostiene el investigador Gustavo López Montiel, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México (ITESM) y experto en la administración política de los asuntos urbanos, el Distrito Federal es un terreno incomprensible sin la perspectiva de la administración de sus bienes económicos, ya sea en en el mercado formal o informal, ya sea desde el gobierno o las tribus políticas, ¿quiénes tienen la espátula para repartir este pastel? ¿Quiénes otorgan las licitaciones a determinadas empresas? ¿Quiénes ofertan el espacio público?

Investigadores de la transparencia de los recursos gubernamentales, organizaciones vecinales de Polanco, así como integrantes Procentrhico coinciden en que se trata de una triada de servidores públicos que administra y reparte este capital: Héctor Serrano Cortés en la Secretaría de Gobierno, con el control de los ambulantes (ver parte 1 y 2); Fernando Aboitiz Saro en la Agencia de Gestión Urbana (AGU), con las licitaciones de Obra Pública; y Simón Neumann Ladenzon en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), con el sector inmobiliario.

Serrano Cortés y Aboitiz Saro tienen un pasado común: Marcelo Ebrard. A la coincidencia se añade otro signo: por una u otra razón, los dos han roto con quien fuera Jefe de Gobierno de Distrito Federal de 2006 a 2012. El tercero en la triada de funcionarios ante el pastel económico de la Ciudad de México es el titular de la Seduvi.

Neumann Ladenzon no cuenta con currícula política. Al contrario, su expertisse como constructor generó críticas cuando Mancera anunció su nombramiento en la Seduvi. Según las agrupaciones Organiza, Espejo de Polanco y Ecomunidades, que para pedir su renuncia señalaron conflicto de intereses, Neumann fue hasta enero de 2013 accionista de las empresas Baita y Debka. Es también cercano a Grupo Danhos, consorcio en cuya dirección se encuentra Jorge de Buen, quien ocupara una dirección en la Seduvi, indican empresarios del ramo que no desean brindar sus nombres.

Serrano, el Secretario de Gobierno, no cuenta con cédula profesional (ver primera parte). Neumann y Aboitiz sí la tienen. El primero se licenció en Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1979 y el segundo en Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana, de acuerdo con el Registro Nacional de Profesiones, un archivo público de la Secretaría de Educación Pública.

“En este momento son tres funcionarios que más allá de competir, se equilibran, se toleran, sin que ninguno le haga daño a los otros. Cada uno en un negocio. Y los otros dos, callados, sin criticar ni cuestionar”, exclama Guillermo Gazal Jaffif, el legendario defensor de los comerciantes establecidos del Centro Histórico capitalino, el territorio donde ha vivido y trabajado desde que sus padres libaneses inmigraron en México.

Para Ernesto Villanueva, experto en transparencia y procesos de compra, el comportamiento de los funcionarios de la capital tiene un velo de cinismo en un panorama en el que el acceso a la información pública ha tenido un retroceso y por lo tanto, el juicio social es cada vez más débil. Y lo que está claro para el integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México es que la rendición de cuentas es un tema menor en el GDF.

Mayela Sánchez, Shaila Rosagel y Linaloe R. Flores