Organizaciones de derechos civiles y de los inmigrantes habían convertido a Reyes en símbolo de una iniciativa que podría convertirse en ley en las siguientes semanas en California.

Además, impondría por primera vez en el país límites al programa que ha deportado a un millón y medio de personas, Comunidades Seguras.

La iniciativa Acta de la Confianza impediría que todo migrante indocumentado a residente legal sea deportado por fallas tan comunes com las infracciones de tránsito, y restablece a Comunidades Seguras su sentido original de deportar exclusivamente a indocumentados delincuentes peligrosos.

Luego de que la policía de Sacramento arrestó a Reyes por vender en el estacionamiento de la cadena Walmart, autoridades de migración retuvieron más de dos semanas a la mexicana mientras era deportada y sus hijos enviados a diferentes familias para adopción.

Reyes, madre soltera desempleada, mantiene a sus dos hijos estadunidenses con la venta de tamales que cocina en su domicilio.

Ella colocó su puesto frente al estacionamiento de Walmart en Florin Road, Sacramento, porque es un lugar concurrido tanto por clientes latinos como anglosajones.

La policía en la capital de California informó que durante unos dos años un empleado de seguridad exigió a Reyes que se retirara de las inmediaciones, pero la mexicana regresaba cada vez que la echaban pues necesitaba el ingreso diario.

De acuerdo con la policía, a inicios de julio pasado Walmart exigió que Reyes fuera arrestada, y al ser procesada su información llegó automáticamente a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) mediante el programa Comunidades Seguras.

La policía sólo retuvo momentáneamente a la mexicana para cumplir con la exigencia de Walmart, pero al salir del recinto a la calle fue interceptada por agentes de Migración que la arrestaron y la llevaron 13 días a un centro de detenciones.

Durante ese tiempo, el condado tuvo que hacerse cargo de los hijos de Reyes y los ubicó en hogares adoptivos. Ahora Reyes está libre en forma condicional con sus hijos, pero fue notificada que sería expulsada del país.

Una coalición de organizaciones tomó como ejemplo el caso de Juana Reyes para exigir al gobernador de California, Jerry Brown, que, si la legislatura aprueba la iniciativa Acta de la Confianza en los próximos 10 días, el mandatario estatal la refrende y convierta en ley.