El vocero de los padres de los normalistas desaparecidos, Felipe de la Cruz reveló este domingo que los peritos sudamericanos expresaron en una reunión sostenida el jueves pasado sus sospechas de que los estudiantes hubieran sido incinerados en aquel tiradero.

De acuerdo con el portal sinembargo.mx, el EAAF detalló el por qué de sus dudas: el fragmento que permitió la identificación de Alexander Mora Venancio, el alumno de 21 años originario de Tecoanapa, no coincide con ningún otro hallado en Cocula.

Los peritos recordaron que desde que se entregaron los resultados para la identificación por ADN de Mora, los argentinos aclararon que ellos no constataron la procedencia de esa pieza, que ya estaba sobre una mesa cuando llegaron al lugar.

Y hoy, el EAAF explicó a la agencia AP que todavía no hay “evidencias suficientes” para vincular los restos calcinados encontrados por las autoridades junto a un río en el municipio de Cocula, Guerrero.

Esto pone en duda toda la teoría del gobierno federal, de que los 43 fueron asesinados y quemados en ese sitio, luego de que policías de Iguala y Cocula, los entregaran a miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos.

El gobierno mexicano ha detenido a 98 personas vinculadas con los hechos de Iguala. El último es Felipe Rodríguez, alias “El Cepillo”, quien dijo que él había matado a “unos 15” y que otros 25 llegaron muertos por asfixia a sus manos.

La Procuraduría General de la República (PGR), ha explicado que el supuesto fragmento de Mora lo sacó de una bolsa de restos y cenizas que los buzos rescataron del río de San Juan, luego de que -según testimonios de tres detenidos-, los cuerpos de los normalistas fueron quemados y los restos triturados antes de lanzarlos al agua.

El vocero de los padres de los normalistas desaparecidos recordó que el fragmento de hueso que posibilitó la identificación de Alexander a través de un análisis de ADN es de unos 4 centímetros, y los 16 restantes que también servirían para la identificación a través de un método más especializado, no se encontró cantidad útil de ADN que permitiera obtener un perfil genético.

En cuanto al trabajo de los argentinos informó que hacen estudios para verificar la tésis del basurero de Cocula, “cuando ellos llegaron (el lugar) ya estaba muy manoseado, se habla de llantas, de un incendio que pudo ser antes, no pueden asegurar que el incendio sea el mismo que el de los normalistas”.

También dijo que los argentinos recomendaron la aplicación del análisis más complicado que propuso el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck, en Austria, luego que los padres cuestionaron a la PGR porque decidió que se hiciera de inmediato, sin consultarlos.

“Mientras ellos nos digan que es necesario hacerlo tenemos que estar de acuerdo porque son lo únicos en los que podemos confiar”, expuso.

Las autoridades han detenido hasta ahora a 99 personas vinculadas con los hechos de Iguala, la más reciente, una funcionaria de Cocula de cuya consignación se informó el domingo. Entre ellos hay numerosos policías, miembros de Guerreros Unidos y al alcalde de esa localidad, José Luis Abarca, y su mujer.

Pero aunque a Abarca se le considera "autor intelectual" de la masacre y está en prisión, no se ha hecho público que se haya abierto un proceso contra él por este crimen, un caso que ha destapado los vínculos entre autoridades y crimen organizado en México. Según el abogado de las víctimas, no se ha acusado a nadie por el crimen de desaparición forzada.

La investigación sigue oficialmente abierta pero Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal, dijo el 13 de enero que "se han agotado todas las líneas de investigación surgidas durante la indagatoria", palabras que enojaron a los padres de familia, que no han dejado de manifestarse exigiendo la presentación con vida de los jóvenes.

Piden también saber la verdad de un crimen que ha conmocionado dentro y fuera de México y para el que la ONU ha exigido una investigación transparente. Después de cuatro meses, su principal reivindicación es que se reanude la búsqueda y se investigue tanto al ejército como al ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y al ex procurador estatal, Iñaky Blanco puesto que "hay muchos indicios que los involucran de una manera u otra", explicó Rosales.