Pero los especialistas advierten: esos negocios representan un riesgo muy alto para los usuarios y además podrían servirle al crimen organizado para blanquear capitales.

MEXICO, D.F. (Proceso).- Los altos niveles de desempleo, subempleo o de comercio informal y el acceso limitado de la población a las instituciones bancarias dejan el camino abierto a las casas de empeño que aprovechan la deficiente regulación del gobierno mexicano para operar con grandes ganancias y escasas garantías para los usuarios.

Según la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios (Amespre), de las 6 mil 500 casas de empeño en el país aproximadamente 2 mil están afiliadas a ese organismo o tienen contrato de adhesión con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), principal regulador de estas empresas.

Marco Carrera Santa Cruz, vocero de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), señala de entrada que un motivo para desconfiar de las casas de empeño es que no estén registradas ante la Profeco.

Dice a Proceso: “Todo se deriva de una baja penetración del sistema financiero formal. En la medida en que no se pueda revertir de manera importante esa situación, se da origen a la informalidad y dentro de ella puede pasar lo que se te ocurra”.

Riesgo de lavado

Aproximadamente 70% de las casas de empeño en el país opera al margen de la ley, con tasas de interés elevadas y nula transparencia; además, señalan especialistas, son lugares donde podría lavarse dinero.

Las casas de empeño –junto con los casinos, centros cambiarios y otras figuras– están consideradas como de riesgo en la Ley contra el Lavado de Dinero, aprobada el pasado 30 de abril y que entraría en vigor el próximo 30 de octubre.

En dicha legislación se especifica que “quienes realicen operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos (…) estarán obligados a reportar a las autoridades las operaciones mayores de 100 mil pesos”.

El diputado del Partido del Trabajo y especialista en lavado de dinero Mario di Costanzo asegura a este semanario que los negocios prendarios facilitan el blanqueo de capitales, pero aclara, sin embargo, que esas empresas son necesarias para atender a un sector al que los bancos no llegan: la población menos favorecida económicamente.

“Cualquier casa de empeño puede generar lavado de dinero, es un sector muy vulnerable; son instituciones no bancarias pero que inciden en un segmento de la población donde socialmente son necesarias, aunque muchas veces usureras”, señala en entrevista telefónica.

El autor del libro El lavado dinero, la experiencia internacional y el caso de México explica que utilizar este tipo de casas de empeño facilita el lavado de dinero, dado el sector social en el que inciden; sin embargo ponerle restricciones a estos negocios afectaría a la sociedad. “Con esto pondrías en aprietos a muchas familias que utilizan ese tipo de créditos”, advierte.

En México hay más de 6 mil 500 casas de empeño, según la Amespre, y su número se incrementó en los últimos siete años.

De acuerdo con el censo económico de 2009 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México había 5 mil 945 casas de empeño, cifra 274% superior a la del censo económico de 2004, cuando eran mil 589. Y la cifra sigue al alza.

En contraste el ingreso ha disminuido. Sólo de 2008 a 2010 el ingreso monetario trimestral de los hogares se redujo de 31 mil 919 pesos a 27 mil 569. Esto lo aprovechan las casas de empeño que encuentran ahí un nicho ideal de mercado.

Con base en la última Encuesta Trimestral Nacional de Ocupación y Empleo, el Inegi reveló el pasado 10 de agosto que hay 2.4 millones de mexicanos en el desempleo; a estos se suman 14.2 millones de personas en la informalidad que trabajan sin prestaciones, seguridad social ni salarios fijos. También se agregan 4.3 millones de subocupados.

En otras palabras, hay 21 millones de personas trabajando en condiciones precarias –contra 15.2 millones que tienen un empleo formal– para quienes el acceso a los bancos es nulo. Así de grande es el mercado de las casas de empeño.

A esto se agrega que, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 44% de los municipios del país no tiene sucursales bancarias.

El vocero de la CNBV, Carlos López-Moctezuma, afirma a Proceso que “se ha detectado que la población no acude a instituciones financieras supervisadas debido a varios factores: el bajo nivel de educación financiera en el país, la falta de confianza en los bancos y porque la oferta de los productos bancarios no satisface sus necesidades”.

Según el presidente de la Amespre, Carlos Gómez Álvarez, acudir a los servicios prendarios tiene “ventajas básicas” porque las casas de empeño no registran a los usuarios en el buró de crédito; si el pignorante deja de pagar, el acreedor sabe que lo único que va a suceder es que “se perderá la prenda dejada en depósito y pasará a remate”.

La Amespre expresa que las empresas de esa asociación cumplen los requisitos de transparencia; para afiliarse deben mostrar el origen de su capital y tener solvencia moral y económica.

El presidente de la asociación creada en 2009 asegura: “La Comisión Nacional Bancaria no tiene injerencia en las casas de empeño porque no son empresas que reciban capital o que se capitalicen a través del público. El nuestro es capital privado y no entra en la cuenta corriente o de ahorro”.

Sin embargo reconoce que hacen falta controles más estrictos en las casas de empeño y que se impulse una iniciativa que obligue a tener un registro nacional de los negocios prendarios, ante el elevado número de empresas informales.

La Amespre puso a disposición de la Profeco una lista con cada una de las casas de empeño afiliadas, donde se incluye su domicilio, razón social y otros datos que serán necesarios “para tener un control de cuáles están operando bajo la ley y cuáles no”, enfatiza Gómez.

 Control a medias

Desde marzo pasado las casas de empeño son reguladas por la Profeco, que sólo puede imponer sanciones administrativas o multas (que pueden llegar a los 2.4 millones de pesos). Es decir que la institución no está facultada para castigar penalmente, aun en el caso de que algunas de esas empresas manejaran flujos ilícitos o mercancías robadas.

Aarón Jiménez Paz, subprocurador de Servicios de la Profeco, comenta a este semanario que las competencias de esa dependencia se limitan al consumidor. “No hay información de los flujos (que podrían manejar las casas de empeño) porque no son entidades reguladas por el sistema financiero”, señala.

En 2007 se dio a conocer la Norma Oficial Mexicana 179-SCFI-2007 en la que se establecen los requisitos de información comercial que deben proporcionarse en los servicios de mutuo con interés y garantía prendaria, así como los elementos de información que debe contener el contrato que se utilice para formalizar la prestación de estos servicios.

Es el mayor esfuerzo que ha hecho el gobierno mexicano para meter en cintura a las casas de empeño, la mayor parte de las cuales hasta la fecha sigue en la informalidad.

Y la Profeco trata de llevar un control basado en las quejas de los usuarios. En 2010 ingresaron mil 53 quejas sobre casas de empeño, de las cuales se concilió 86%. En 2011 las quejas fueron mil 197 y el porcentaje de conciliación se redujo a 83%.

En un cuestionario enviado por correo electrónico este semanario preguntó al ente regulador sobre los riesgos de que la gente prefiera acudir a los servicios prendarios y no a los entes financieros regulados.

La institución contestó que “se debe destacar el riesgo existente en el país sobre las empresas que se dedican a realizar captación irregular de recursos, cometiendo ilícitos por llevar a cabo dicha actividad y poniendo en riesgo los depósitos de los ahorradores”.

Para Di Costanzo el marco de acción de la Profeco es insuficiente para regular a las casas de empeño ya que deberían ser vigiladas por la CNBV.

“La Profeco es una instancia que trata de poner de acuerdo a las partes, pero yo creo que no debería ser la autoridad o la máxima autoridad que regulara a las casas de empeño. Tiene que ser la CNBV porque aquéllas, al dar dinero, son creadoras de oferta pública. Lo que pasa es que su actividad no ha sido medida… Te puedo asegurar que hay pueblos o comunidades donde gran parte de la economía se debe a las casas de empeño.”

Propone que se sigan promoviendo la bancarización y las sanas prácticas bancarias para contrarrestar los altos niveles de informalidad en las casas de empeño.

“La mejor forma de promover esto es reduciendo, regulando, trabajando sobre los costos de los servicios bancarios. Nosotros no vamos a poder bancarizar a la gente si los costos no bajan. Es mentira que pueda lograrse mediante otras acciones.”

Insiste en la necesidad de una regulación sólida sobre las casas de empeño y también las cajas de ahorro. Se debe diseñar un esquema, dice, para que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, que es el seguro de depósito de la economía, las regule.

Di Costanzo lo resume en términos prácticos: “Puedes tener dinero en un banco, tener transacciones, pedir un préstamo casi sin riesgos; el problema son los costos. Luego puedes ir a una caja de ahorro, tiene menores costos pero tiene un riesgo enorme, los depósitos no están garantizados”.

Asegura. “Hay personas que no tienen para una caja de ahorro y cuando tienen necesidad de un crédito urgente van a la casa de empeño; ahí las garantías son nulas para tu dinero, para lo que te prestaron, para lo que empeñaste. Es el desorden total”.

Y en ese desorden total está la mayoría de las casas de empeño, cobrando altos intereses, con nula información financiera y con la probabilidad del blanqueo de capitales. Todo en la impunidad.

El diputado petista sintetiza: “Se puede tener mercancía robada e irla a empeñar o se puede tener mucho dinero y poner una casa de empeño que presta el dinero y en lo que le pagan, ya lo lavó”.

Pero hay más: las casas de empeño formales también enfrentan el problema de la corrupción de las autoridades y son afectadas por el clima de inseguridad.

El presidente de la Amespre asegura: “Tenemos que luchar muchas veces contra temas de corrupción e inseguridad en los que no hay apoyo de la autoridad”.

Carlos Gómez afirma que en algunos municipios no les otorgan la licencia de funcionamiento a esas casas si no cubren “algún donativo o cuota”. Agrega que la inseguridad es un problema adicional que tenemos y “eso nos frena para tener un desarrollo sano, para que la gente acuda con confianza y certidumbre”.