La procuradora Marisela Morales Ibañez, reconoció que la institución que encabeza ha tenido que solicitar el apoyo de otras instancias del gobierno federal para cumplir con sus funciones como son de traslado de personal y detenidos, pues de su flota solamente ocho naves podían volar sin riesgo y cinco de ellas son rentadas.

Previo a estos operativos, la PGR llevó a cabo una auditoría interna en la DGSA, que arrojó diversas anomalías, entre ellas un faltante de al menos 500 piezas, así como la existencia inexplicable de otras refacciones que no corresponden a ninguna de las aeronaves de la institución.

En septiembre trascendió que una empresa estadunidense, de nombre JDA Aviation Techonoly Solutions, realizó una auditoria en la DGSA, la cual evidenció diversas anomalías y el mal estado de las aeronaves de la institución.

Incluso, se detectó un intento de adquirir un motor de una aeronave por un monto de aproximadamente tres millones de dólares, pero el cual no era compatible con ninguna de las naves de la Procuraduría.

Los problemas en la referida dirección se remontan desde hace varios años. En 2004, trabajadores del área informaron a los órganos de control interno de la institución, sobre supuestos actos de corrupción.

Señaló que hasta el momento han sido de baja 89 servidores públicos, sin embargo, fuentes de la misma dependencia aseguraron que se notificaron 150 personas que no habían acreditado los exámenes de confianza y que debían dejar su empleo.

La titular de la PGR informó también que el descubrimiento de una red de corrupción al interior de la Dirección General de Servicios Aéreos dio pie al inicio de averiguaciones previas e investigaciones administrativas.

Concluyó que su pretensión es dejar una “dirección reordenada y saneada”.