Los jueces de la CPI dictaminaron el miércoles que las órdenes de arresto del tribunal contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la Franja de Gaza se mantendrán.

Las órdenes se emitieron debido a que las acciones del dúo condujeron, prolongaron o reforzaron la guerra de genocidio del régimen desde octubre de 2023 hasta el presente en Gaza, que hasta el momento se ha cobrado las vidas de más de 58.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños.

Los jueces dijeron que las órdenes permanecerían activas mientras el tribunal continuaba revisando las llamadas objeciones del régimen a su jurisdicción en el caso.

También rechazaron una petición paralela israelí de congelar la investigación más amplia sobre los crímenes cometidos en los territorios palestinos ocupados, lo que subraya la negativa del tribunal a ceder a la presión diplomática.

El régimen, que ha negado durante mucho tiempo la jurisdicción del tribunal, insiste en que la guerra es una respuesta legítima a una histórica operación de resistencia del 7 de octubre de 2023 que tuvo lugar después de décadas de derramamiento de sangre y destrucción por parte de Israel, respaldada por Estados Unidos, contra los palestinos.

En su fallo, los jueces dijeron que el argumento del régimen de que una decisión separada de abril de una cámara de apelaciones de la CPI invalidó las órdenes de arresto era "incorrecto". Aclararon que si bien el recurso de apelación interpuesto por Tel Aviv aún estaba bajo revisión, no tenía incidencia en la validez actual de las órdenes de arresto.

Las órdenes siguen vigentes, afirmó el tribunal, hasta que se dicte una decisión específica sobre la jurisdicción, un plazo que aún no está definido.

La determinación de la CPI de seguir adelante con el caso de crímenes de guerra en Gaza se ha producido en un contexto de crecientes amenazas, interferencia política y represalias contra sus altos funcionarios.

En febrero de 2025, Washington revocó la visa del fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, congeló sus activos y prohibió a su familia ingresar a Estados Unidos.

En junio, la administración del expresidente estadounidense Joe Biden había impuesto sanciones a cuatro jueces de la CPI involucrados en la emisión de las órdenes de arresto, dos de los cuales participaron en el fallo del miércoles que las confirmó.