El director general del Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como el Banco Vaticano, Paolo Cipriani, y el vicedirector, Massimo Tulli, presentaron su dimisión, ha informado el Vaticano.

La dimisión de ambos, que ha sido aceptada por la Comisión de Cardenales y la dirección de la superintendencia, se produce tras la detención el pasado viernes del alto prelado Nunzio Scarano, acusado de fraude y corrupción en una investigación sobre las supuestas irregularidades de la institución bancaria vaticana.

Nunzio Scarano fue detenido junto a un miembro de los servicios secretos italianos y un «broker» financiero en el marco de la investigación abierta en Italia sobre presunto blanqueo de dinero a través del Instituto de Obras Religiosas (IOR), más conocido como el Banco Vaticano.

«El director del IOR, Paolo Cipriani, y el vicedirector, Massimo Tulli, han dimitido de sus cargos. Tras muchos años de servicio, los dos han tomado esa decisión en el mejor interés del instituto y de la Santa Sede», ha señalado el Vaticano en una nota.

Von Freyberg, sustituto

A ello ha agregado que «el Consejo Supervisor y la Comisión de Cardenales han aceptado las dimisiones y han pedido al presidente del IOR, Ernst von Freyberg, que asuma de manera interina las funciones de director general con efecto inmediato».

La Autoridad de Información Financiera (AIF), organismo creado en 2010 para vigilar la transparencia financiera de la Santa Sede, ha sido informada y la Comisión especial creada por el Papa Francisco el pasado 26 de junio para la reforma del IOR también, ha precisado el comunicado.

Von Freyberg estará ayudado por Rolando Marranci, que asumirá de manera interina la vicedirección del IOR, y Antonio Montaresi, como responsable de proyectos especiales. Marranci ha trabajado en un banco italiano en Londres como jefe de operaciones y Montaresi en varias entidades de Estados Unidos como director de riesgos.

Cesado de todos sus cargos

El sacerdote italiano Nunzio Scarano, detenido el pasado viernes acusado de fraude y corrupción en una investigación sobre supuestas irregularidades en la gestión del Instituto para las Obras de Religión (IOR), ha dicho que actuó de buena fe y que solo quería hacer un favor a unos conocidos, que habían confiado 20 millones de euros a Giovanni Carenzio.

Durante el interrogatorio en Roma ante la jueza de instrucción Barbara Callari, Scarano ha asegurado que solo fue un «intermediario» y que quería hacer «un favor a los primos Paolo y Cesare D'Amico» debido a la relación de amistad que le une con la familia.

Los investigadores acusan a Scarano, perteneciente a la Archidiócesis de Salerno (sur de Italia), de dar 400.000 euros al excarabinero Giovanni Maria Zito, exagente de los servicios secretos italianos (AISI), para que éste llevara de vuelta a Italia, desde Suiza, fondos de la familia D'Amico.

Zito, quien por su condición podía eludir los controles aeroportuarios, supuestamente debía trasladar de Suiza a Italia, a bordo de un avión privado, 20 millones de euros confiados al intermediario financiero afincado en Gran Canaria Giovanni Carenzio y pertenecientes a los D'Amico. El alto prelado explicó durante el interrogatorio que los D'Amico le pidieron que mediara con Carenzio, a quien éstos habían confiado la gestión de sus fondos en Suiza, estimados en unos cuarenta millones de euros, para conseguir que el dinero regresara a Italia.

La operación quedó fijada para el traslado de veinte millones de euros, aunque finalmente no pudo concluirse. Pero la situación «degeneró», según explicó Scarano, cuando Carenzio puso dificultades para la operación y por la petición de Zito de un pago de 600.000 euros.

La línea de la defensa de Scarano, que ha pedido que se le conceda el arresto domiciliario, se ha basado en que el sacerdote no actuó por interés personal.

Antes de la detención, Scarano había sido cesado por el Vaticano de todos sus cargos, después de que se conociera que la Fiscalía de Salerno le investigaba por blanqueo de dinero por un caso relacionado con cheques justificados como donaciones de origen poco claro, por un total de 580.000 euros