El diputado del PRI Martín López Cedillo, responsable del análisis jurídico de los documentos de la pasada Legislatura, refirió que en el contrato que los diputados de la LVIII Legislatura firmaron con ese despacho se expuso que los honorarios que pagarían serían 40% de las devoluciones por concepto de impuestos ante Hacienda. Advirtió que nunca se cumplió con el objeto de ese contrato.

“Nunca se generaron los honorarios que se reclaman al Congreso. El acuerdo fue insertado como un acuerdo de voluntades”, expuso López Cedillo como parte de la explicación de la situación legal que guarda el polémico contrato.

La empresa demandó el pago al Congreso de 10 millones 490 mil 614 pesos, dinero que, desde el punto de vista del diputado local, no se debe de pagar porque se trató de un convenio que no cumplió el despacho.

Explicó que en estos días llegaron nuevos documentos relacionados con ese proceso jurídico, aunque advirtió que no tuvo acceso a ellos.

Más revisiones

Por su parte, el diputado del PAN Guillermo Martínez Mora, integrante de esta comisión temporal, exigió una revisión y una investigación del caso para saber quiénes de los ex diputados y por qué firmaron un acuerdo de reconocimiento de deuda con López Castro.

Estimó que podrían existir elementos para considerar que algunos legisladores de la anterior gestión del Congreso pudieron tener intereses con la firma de este acuerdo.

“Existe un informe de la Comisión de Hacienda donde no se reconocen los supuestos beneficios al Congreso. Estamos, evidentemente, ante un fraude”.

“Pedimos que se investigue al despacho y también a los diputados que firmaron el convenio y los posibles intereses personales que tuvieron en el caso”, instó el diputado panista.

LOS SALARIOS NO FLUYEN

De poco sirvieron los esfuerzos de los diputados locales para solicitarle al gobernador que adelantara parte de las ministraciones del mes de noviembre: los 10 millones de pesos que entregó el Ejecutivo hace una semana no pudieron utilizarse en los pagos de salarios porque el Poder Legislativo, administrativamente, no estaba preparado para que los pagos comenzaran a fluir.

Este martes, el Poder Ejecutivo remitió otros 37 millones de pesos que, sumados a los 10 que adelantó, dan 47 millones por concepto del mes de noviembre; no obstante, los pagos no han comenzado a hacerse a los cerca de mil 300 empleados que no han recibido el dinero de sus nóminas, en algunos casos desde hace dos meses.

El secretario general del Congreso, Marco Antonio Daza Mercado, expuso que el dinero no se ha entregado a los trabajadores porque debe existir autorización de la Comisión de Administración: “En cuanto me instruya la Comisión de Administración, yo haré el pago”. Explicó que se llamará a los trabajadores eventuales para que acudan al Congreso a cobrar sus salarios en cheque nominativo, “porque queremos verlos cara a cara”.

El presidente del Congreso, el panista Hernán Cortés, explicó que solicitar el dinero al Ejecutivo fue una alternativa para contar con recursos: “Ahora falta la parte administrativa”. La presidenta de la Comisión de Administración, Celia Fausto, dijo que el secretario sí tiene la facultad para pagar.

PROBLEMAS LABORALES
Expedientes que siguen abiertos

El diputado Martín López Cedillo, responsable del análisis de los expedientes jurídicos, dio cuenta de que se detectaron 213 asuntos en el capítulo laboral pendientes.

Son 48 expedientes laborales, todos —según el priista— con poca información, lo que significa una posible erogación para el Congreso por 12 millones 594 mil pesos, “que seguramente deberemos pagar en el futuro porque detectamos expedientes desaseados, mal atendidos, mal integrados”. El Congreso podría estar obligado a reinstalar a decenas de supernumerarios, “sólo por desatención de expedientes”.

FALTARON DOCUMENTOS, ASEGURA
“Fue una pantomima”: Martínez Mora

En el Congreso del Estado hay un boquete de información, pues no hay documentos que expliquen qué pasó durante octubre de 2012, el último de la LIX Legislatura, advirtió ayer el diputado del PAN Guillermo Martínez Mora, al presentar ante la Comisión Especial Temporal para el Análisis, Revisión y Cotejo del Patrimonio del Congreso del Estado los resultados de su análisis de documentos sobre las finanzas de los anteriores diputados.

Señaló que hay constancia de que hay un déficit de un millón 127 mil pesos, aunque trabajaron con datos obtenidos al 30 de septiembre, mientras que la deuda hasta el último día de septiembre era de 327 millones 140 mil pesos: “Desconocemos la situación al cierre de la administración pasada”.

Explicó que solicitó las actas de la Comisión de Administración y no le entregaron esos documentos; “extraoficialmente nos dijeron que las actas no estaban firmadas por todos sus integrantes”.

El legislador calificó el ejercicio que concretó la comisión especial como una pantomima, pues, dijo, faltaron documentos para hacer un trabajo serio de revisión.

“Estamos en una parálisis y fue una pantomima exponernos a esta responsabilidad, porque no tuvimos elementos para exponer juicios”.

Planteó como otra irregularidad que desde que el ex secretario, Carlos Corona Martín del Campo, dejó el cargo en el primer año de la Legislatura, no se nombró a un director del área de Control Presupuestal, que sólo tuvo un encargado de despacho.

Igualmente, denunció que aún hay trabajadores supernumerarios y que nunca entró en funciones el Comité de Adquisiciones.

El legislador del Partido Verde, Jesús Palos Vaca, presentó un reporte de los 60 vehículos en poder del Congreso local: 50 están físicamente en el estacionamiento Colón, cuatro están en mantenimiento, tres fueron robados y uno más está en el municipio de Puerto Vallarta.

“Nos informaron que dos vehículos fueron ingresados al estacionamiento después de la revisión”, dijo el legislador del Verde.

Las irregularidades fueron presentadas por los nuevos diputados luego de la revisión de los expedientes de la pasada Legislatura. Fuente: ElInformador