Ambos negaron que se tratara de un despojo contra los auténticos comuneros y anunciaron que donarían las tierras que están a su nombre en el Registro Agrario. El hecho es que, al finalizar 2011, ni el alcalde tapatío ni el expresidente nacional del PRD han cumplido su palabra.

SAN FRANCISCO IXCATÁN, ZAPOPAN.- De las 10 mil hectáreas que la Corona española le otorgó en 1814 a esta comunidad, sus habitantes sólo conservan mil 87, y de ellas, según el Registro Agrario Nacional (RAN), 40.5 están en manos de los cuatro hermanos Ortega Martínez: Gerardo, Ignacio, María del Rosario y Jesús, el expresidente nacional del Partido de la Revolución Democrática.

Otras 375 hectáreas aparecen como propiedad de los familiares de José Blas Poblano, a quien los comuneros acusan de orquestar un despojo en complicidad con personal del RAN.

Otro “comunero postizo” es el presidente municipal de Guadalajara, Aristóteles Sandoval.

Este poblado se encuentra a media hora de Guadalajara, en la barranca de Huentitán. Tiene gran riqueza natural y cuenta con vestigios arqueológicos que pueden ser explotados turísticamente.

Pese a que Jesús Ortega y el alcalde de Guadalajara, Jorge Aristóteles Sandoval, anunciaron hace cerca de tres años su renuncia a las tierras que le “donaron” hace una década a la comunidad indígena, la devolución no se ha realizado.

El secretario del comisariado, José Casillas Martínez, recuerda que ambos políticos enviaron a principios de 2009 una carta certificada al RAN para que se les diera de baja como comuneros, “pero esa no es la instancia legal”, afirma.

De hecho, ellos todavía aparecen en una relación preliminar de comuneros fechada el 13 de octubre de 2009 y firmada por María de Lourdes Romo Muñoz, registradora integral en la delegación jalisciense del RAN.

En opinión de Casillas Martínez, los dos políticos presentaron la carta en 2009 “nada más porque era tiempo de elecciones”, e indica que Sandoval y Ortega debieron presentar un juicio ante el Tribunal Agrario de Distrito 15, con sede en Guadalajara. “Una vez que emita sentencia –explica–, la resolución se debe comunicar al RAN y éste los quitaría de la lista; si no, no es válido. El RAN no pone ni quita, sólo registra”, insiste.

Recuerda que ambos políticos conocen bien esos trámites: “Jesús Ortega, cuando estuvo en el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN, también conocido como el Ferrocarril), fue asesor de varias comunidades del sur de Jalisco, y Aristóteles es abogado”.

En un intento de agilizar la renuncia de Sandoval Díaz a las mencionadas tierras, Casillas conversó con Fernando Araiza, de la Dirección Jurídica de lo Contencioso en el ayuntamiento de Guadalajara:

“Hablé en dos ocasiones con él y le llevé copia del expediente. Le comenté que debería de aconsejar a Aristóteles sobre cuál era el camino a seguir para renunciar a ser comunero. Se le explicó para que le dijera, pero no pasó nada.”

En una carta que envío Jesús Ortega a este semanario en marzo de 2009 (Proceso 1691) como respuesta a un reportaje que mencionaba su inscripción como comunero de San Francisco, se comprometió a renunciar a ella.

En cuanto a Aristóteles Sandoval, hace más de dos años declaró a este semanario que él nunca firmó ningún documento ni aceptó ser comunero. Sin embargo, Proceso Jalisco tiene copia del acta de la asamblea general extraordinaria del 16 de noviembre de 1999, en la que aparece escrito el nombre “Jorge A. Sandoval Díaz” del puño y letra del alcalde.

En esa asamblea, Sandra Leticia Poblano Ramos –hija de José Blas Poblano, quien militó en el PRI y fue dirigente de la Central Campesina Cardenista en Jalisco– “pidió la palabra para darle lectura al listado de solicitudes de avecindados reconocidos por la asamblea que pretenden ser elevados a la calidad de comuneros en base al artículo 15 de la Ley Agraria Vigente”.

En lista aparecen 67 personas aparte de Sandoval Díaz, como Miguel Rivera Villa, actual director del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, y Sandra Leticia Poblano López, quien de acuerdo con la página de Transparencia del ayuntamiento de Guadalajara labora en el municipio desde marzo de 2010 como “colaborador C” en la Dirección de Museos, Centros Culturales y Galerías.

Llama la atención que Sandra Leticia también aparezca en el padrón de beneficiarios del programa “Mandado para todos”, del ayuntamiento tapatío, durante los meses de enero y febrero del año pasado. En notas periodísticas se le menciona como líder de los comerciantes que se instalan en las nueve esquinas durante mayo para vender pitaya y guamúchiles.

Otros de los comuneros son Pedro Rafael Castelán González, actual asesor del gobierno del Distrito Federal, y José Andrés Rentería López, quien se ha ostentado públicamente como cabeza de la comunidad indígena de Nuestra Señora del Rosario, en Tonalá.

Sólo tres de las 67 solicitudes para obtener el estatus de comunero fueron rechazadas “por no reunir los requisitos”. En el punto cinco del acta se lee la postura de Félix Ismael Poblano Ramos: “Estoy de acuerdo que se les reconozca esa calidad, pero que se apruebe con el condicionamiento de que la posesión de los avecindados elevados a la calidad de comuneros no deberá de exceder de dos hectáreas, a menos que las acumulen por medio de cesión de alguno de los otros comuneros”. La propuesta fue aprobada por unanimidad.

Al parecer, el único político que se apegó al acuerdo fue el alcalde Sandoval Díaz, a quien el RAN le reconoce 1.4 hectáreas. El resto de los empresarios y los políticos del PRD, el PRI y el PAN poseen más de tres.

Red de intereses

Jesús Ortega fue designado comunero a propuesta de Aydeé Josefina Poblano Ramos –otra hija de José Blas Poblano, muy cercano a Rafael Aguilar Talamantes, líder del Ferrocarril, cuyo secretario general fue Jesús Ortega en 1980. De acuerdo con el acta de la asamblea general ordinaria del 25 de noviembre de 2001, ella dijo:

“En virtud de la buena voluntad, honestidad y trabajo que nos han demostrado, tanto en apoyo político, profesional, económico y moral, yo les propongo que elevemos a comuneros a Erick Alfredo Guerrero Márquez (asesor jurídico de la comunidad), Jorge Joaquín Martínez Ramos y Jesús Ortega Martínez, para demostrarles la buena disposición y agradecimiento por lo ya mencionado, comprometiéndolos para que nos sigan apoyando en todas las formas posibles, ya que de aprobarse serían uno más de nosotros y haríamos un solo frente para lograr el máximo desarrollo de nuestra comunidad.”

La proposición fue aprobada por unanimidad. No obstante, la designación viola el artículo 15 de la Ley Agraria, que establece: “Para poder adquirir la calidad de ejidatario se requiere ser avecindado del ejido correspondiente, excepto cuando se trate de un heredero”.

Después, en la asamblea general extraordinaria del 12 de febrero de 2002, el presidente del comisariado, José Blas Poblano, notificó que los “comuneros María de la Luz Rico Poblano, Guadalupe Ibarra Páez, Damián Emmanuel Acosta Poblano, Jaime García Zambrano y Alejandro Olmos Ramírez cedieron sus derechos agrarios al comunero Jesús Ortega Martínez; y la comunera Trinidad Venegas cedió sus derechos agrarios al comunero Jorge Martínez Ramos”.

A este último, que fue diputado federal perredista en la LIX Legislatura y subdelegado general en la Delegación Cuauhtémoc entre 1997 y 1999, se le identifica con el grupo político de Jesús Ortega y actualmente aparece en el padrón de proveedores del gobierno del Distrito Federal, con la empresa Compañía Operadora de Estacionamientos Mexicanos, S.A. de C.V. (Copemsa). Con la decisión de la asamblea, Ortega obtuvo 26 hectáreas y Martínez cuatro.

El 26 de mayo de 2002, según el acta de asamblea general, antes de concluir la reunión, la presidenta del comisariado, Adriana Fabiola Poblano Ramos –actual presidenta del Consejo de los Pueblos y Barrios originarios del Distrito Federal– propuso la integración de nuevos comuneros, por ser “avecindados reconocidos”.

Fabiola Poblano expuso que “de acuerdo a nuestro estatuto comunal, para ser elevado a la calidad de comuneros se requiere ser mexicano, mayor de edad, ser avecindado de la comunidad, y que respete y practique las costumbres indígenas.

“En este caso, la asamblea está facultada para aceptar como comuneros a los individuos que la misma asamblea reconozca, en cualquiera de los siguientes casos: se trate de derechos comunales, o sobre tierras de uso común que hayan quedado vacantes, a lo cual tenemos conocimiento de varias renuncias; o cuando se hayan adquirido derechos por el mecanismo de cesión de derechos.”

Fabiola Poblano entregó una lista de 32 personas, que incluye al panista Arturo Don Juan Hernández, coordinador del Departamento de Maquinaria en la pasada administración de Zapopan, y a los hermanos de Jesús Ortega: Gerardo e Ignacio. Al primero le correspondieron 3.31 hectáreas y al segundo 5.40.

En la misma lista aparecieron los hermanos de Jorge Martínez Ramos: Jacobo Pablo, a quien se le dieron cuatro hectáreas, y Mariano, quien posee 2.6 hectáreas. Los tres son hijos del empresario capitalino Jorge Martínez Rosillo.

Según la revista Expansión, los hermanos Martínez Ramos tienen 50% del resort Rosewood Mayakoba, del campo de golf El Camaleón (ambos en la Riviera Maya), y es suya la mitad de la Torre Sevilla, que está a unos pasos de la Diana Cazadora, en el Distrito Federal. Asimismo son propietarios de los centros comerciales Pabellón Cuauhtémoc, Plaza Misterios o El Rosario, y Paseo de San Francisco, en Puebla.

En 2007 los hermanos fueron acusados por Miguel Quintana, de la empresa Imagen y Mobiliario Urbano, de haber entregado 1 millón de dólares a funcionarios del ayuntamiento de Puebla para que su empresa Jajomar ganara la concesión de los parquímetros, según publicó entonces el diario Imagen Poblana.

En la lista del 26 de mayo también se incluyó a Miguel Ángel Bautista Moreno, actual subdirector de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad del Distrito Federal. Además fue suplente de Pablo Trejo en la Asamblea Legislativa capitalina e integrante del comité técnico electoral del PRD en el DF.

Armando Granados Nieto, quien aparece en la nómina de la delegación Venustiano Carranza como “jefe de unidad departamental A”, fue otra de las personas propuestas para designarlo comunero, al igual que el priista de Zapopan y masón Pablo Valdez Romero, y Haydé Reséndiz Martínez, residente en el Distrito Federal.

De todas formas, la proposición de Fabiola Poblano fue aprobada por unanimidad, aunque se especificó que “la asamblea les reconoce su calidad de avecindados con derecho a un solar urbano, a menos que acumulen otros derechos a través de la cesión de otro u otros comuneros”.

Ante las anomalías, lugareños de San Francisco Ixcatán como Pablo Jáuregui Polanco interpusieron el 8 de febrero de 2008 una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario de Distrito 15, con sede en Guadalajara (expediente TUA-15 684/2008) para que se declarara la nulidad de las actas y acuerdos tomados por los supuestos comuneros en 1999.

Asimismo pretenden que se efectúe una depuración del censo para sacar a todas las personas que no viven en Ixcatán y a las fallecidas. Como pruebas presentaron 69 constancias de “desavecindad” expedidas por el ayuntamiento de Zapopan para demostrar que las tierras están en manos de gente que no pertenece a la comunidad.

En una audiencia del 25 de agosto pasado se hace constar que, “no obstante estar debidamente emplazados a juicio como se desprende de autos, se registra la inasistencia” de Sandoval Díaz, los tres hermanos Martínez Ramos y los cuatro hermanos Ortega Martínez, todos los funcionarios y políticos mencionados anteriormente, así como otras 77 personas involucradas en las anomalías. La próxima audiencia se programó para el 6 de enero de 2012.

Fuente: Proceso