La demanda de nulidad fue presentada por el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jaime Prieto Pérez, a quien se le concedió la medida cautelar para que no se lleve a cabo alguna acción relacionada con la licitación, construcción o pago de la misma.
El gobierno del estado lanzó la convocatoria para la Licitación Pública Nacional LO-914029999-N6-2012, relacionada con la construcción de la presa, con la que se pretende abastecer de agua a la zona metropolitana de Guadalajara. La cortina que se construiría para aprovechar el agua del río Verde, en el punto conocido como El Purgatorio, es la segunda opción manejada por el gobierno de Emilio González, tras determinarse la inviabilidad de la presa de Arcediano.
A diferencia de la presa de Arcediano, que sería almacenadora por completo, la de El Purgatorio sería sólo derivadora y permitirá el abasto de 5.6 metros cúbicos por segundo para la zona metropolitana, poco más de la mitad de lo previsto en el primer proyecto.
Durante la Administración del panista Francisco Javier Ramírez Acuña, se decidió que la presa de Arcediano era la mejor opción para abastecer de agua a la zona metropolitana, por lo que se contrató en los primeros días de 2007 un crédito con Banobras de mil 920 millones de pesos. La obra se había presupuestado en tres mil 200 millones de pesos, por lo que la otra parte sería aportada por el gobierno federal.
El arranque de las obras se detuvo porque algunos de los afectados de la zona que sería inundada promovieron amparos, aunque finalmente el gobierno del estado consiguió las resoluciones favorables.
Cuando ya se habían concluido las obras preparatorias, una diferencia entre el titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), César Coll Carabias, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sobre las características de la cortina, terminó en la suspensión del proyecto y la definición de apostar por la presa de El Purgatorio.
Este jueves, el magistrado presidente de la Segunda Sala Unitaria del TAE, Laurentino López Villaseñor, resolvió que se admitía la demanda de nulidad interpuesta por el diputado local Jaime Prieto, y conceder “la medida cautelar desde estos momentos y hasta que cause estado la sentencia definitiva que se dicte” en el juicio.
La medida cautelar consiste en la suspensión del procedimiento de la licitación nacional “y, si a la fecha de notificación de esta resolución ya se hubiera culminado con la adjudicación, las autoridades demandadas no deberán formalizar contrato de obra pública correspondiente, así como abstenerse a realizar o ejecutar cualquier otro acto que derive del decreto 23528/LIX/11, publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco, el 5 de mayo del año de 2011”. Dicho decreto es sobre la aprobación del proyecto para abastecer de agua a la zona metropolitana de Guadalajara.
Fuente: Sonia Serrano Iñiguez, Milenio