17 de junio de 2008.- La historia del rancho El Gorupo, enclavado en lo que hoy se conoce como Los Colomos III, sería un ejemplo de cómo el hombre a veces triunfa sobre las leyes universales de la física: su comprador de 1962, Melquíades Orozco Vázquez, logró el prodigio de hacerlo crecer de tres hectáreas originales a 30. Hace apenas dos años, sus descendientes lo llevaron a 33 hectáreas.

Hoy se sabe que esta sorprendente expansión de la materia no fue tal. Notarios diligentes se encargaron de “corregir” las escrituras y asentar la propiedad sobre el área pública, en la zona inmobiliaria más codiciada de la ciudad.

Gracias a esa paciente labor empresarial, el narcotraficante Rafael Caro Quintero pudo adquirir una fracción de casi 20 ha de El Gorupo (escritura pública 19,718), el 13 de enero de 1984, ante la fe del notario 55, Alberto Farías Martínez. Allí comenzó a edificar un proyecto faraónico que incluía un zoológico, caballerizas y lago artificial, además de una gran finca con aspecto de templo griego, ejemplo conspicuo del Art narcó.

Toda esta abierta actividad, bajo la mirada fascinada de buena parte de las elites tapatías, que abrieron sus puertas a las carretadas de dinero provenientes de actividades ilegales del cártel de Sinaloa, cuyos capos más prominentes huían a Jalisco de la agresiva Operación Cóndor del Ejército mexicano, ejecutada a partir de 1977 en ese estado del noroeste. A partir de entonces, a la agrupación criminal resultante de esa migración se le llamaría cártel de Guadalajara.

Pero el pequeño paraíso del célebre mafioso duraría poco, tras su detención en Costa Rica el 4 de abril de 1985 por el asesinato y la tortura del agente de la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) Enrique Camarena Salazar, y el secuestro de la tapatía Sara Cosío. La Procuraduría General de la República (PGR) decomisó sus bienes, y los predios en torno a la avenida Acueducto quedaron en el olvido.

De forma insospechada, pocos años después, estos baldíos regresaron a la especulación: recuperados tras arduo proceso por los abogados del sinaloense, los terrenos terminarían de “limpiar” su doble origen ilegítimo con la venta a terceros. Hoy se ubican allí los exclusivos fraccionamientos Zoto Grande [sic] y La Reserva, además del templo católico de San Juan Masías, que tiene su propia historia. Los precios actuales por metro cuadrado en el área rondan los diez mil pesos, los más elevados de la metrópoli.

La huella de Caro Quintero ha sido casi borrada; la de las invasiones a la propiedad pública, no.

1895: protección de cuencas

En los enredos legales por Los Colomos, un dato es esencial: todas las escrituras de los invasores de la zona remiten a actos jurídicos y escrituras que no van más allá de 1934. Los títulos que posee el gobierno de Jalisco comienzan en 1891, y se adquieren a partir de 1897. Esto alude a una premisa jurídica básica: el primero en tiempo es primero en derechos. Pero además a una segunda, no menos contundente: la propiedad pública es inalienable, imprescriptible e inembargable. Es decir, su invasión no crea derechos.

El gobierno se hace de esos predios para asegurar el agua a la perla tapatía. “El 6 de diciembre de 1895, el Ayuntamiento de Guadalajara, en reunión de cabildo, acordó dirigirse al gobernador con el propósito de solicitarle la concesión de los manantiales y las corrientes llamadas El Colomo Grande, así como la autorización de desviar hacia la capital, en caso necesario, en arroyo del referido nombre y la expropiación de los terrenos necesarios para levantar edificios, depósitos y acueductos o canales”, señala Luis Basich Leija en Plan para la conservación de los acuíferos de Los Colomos para su mejor aprovechamiento en el abastecimiento de agua (1971, Descripciones Jaliscienses, El Colegio de Jalisco).

Tanto el Ayuntamiento de Zapopan como las fábricas de textiles de Atemajac, La Experiencia, El Batán y el Molino del Salvador se opusieron al planteamiento (temiendo escasez de agua), pero, vencida la resistencia, el gobierno comenzó a adquirir predios. La primera compra fue el 10 de abril de 1897, a la señora Peña de Guevara (sic), 5.28 hectáreas, registrada ante el notario 14, Juan S. Castro (Análisis y diagnóstico de la tenencia de la tierra en la cuenca de Los Colomos, Secretaría de Desarrollo Urbano, 1999).

Las propiedades compradas pertenecían a María Gil Romero, Manuel Fernández del Valle, Mercedes Torres de Rosales, Miguel Rosales Cortés, Francisca Jiménez Ontiveros, Luis Castellanos y Tapia, Amado Vidrio y la propia Peña de Guevara; también se dieron permutas de superficie con José Verea, dueño de la hacienda La Providencia, la cual, según dijo a este diario Enrique García Becerra, investigador del Departamento de Geografía de la UdeG, era un complejo de propiedades que no fueron adquiridas con fines productivos, sino a futuro, para el desarrollo urbano, lo cual hace a Verea un visionario de los negocios inmobiliarios.

A este patrimonio público heredado por los gobernadores Luis Curiel y Miguel Ahumada, el gobierno localiza una nueva adquisición de predios, por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, el 7 de mayo de 1920 (registrado por el notario Arnulfo M. Matute en esa fecha, anexo 134).

Así se integra la propiedad pública original. En 1999 había dudas sobre su extensión, pues muchas escrituras están planteadas en fanegas (una fanega equivale a 6,459.6 metros cuadrados) y sus linderos eran mojoneras y descripciones geográficas que se han modificado. Hay versiones de que el terreno público total original era de 248 ha.

Sin embargo, un cuidadoso análisis cartográfico elaborado por la propia Sedeur a partir de 2004 arrojó los datos oficiales: 198.55 hectáreas en dos grandes poligonales.

El primer poligonal corresponde a Los Colomos I y II, El Colomo Grande (16.8 ha), Los Colomos de María Gil (6.97 ha), Loma del Colomo (2.82 ha), Miguel Rosales (40.4 ha), El Chochocate (16.5 ha), excedencia de El Chochocate (39.2 ha), y tres permutas con el señor José Verea (que suman poco más de 17 ha). Al total de 139.8 ha, se le deben restar poco más de 23 ha cedidas a José Verea, para totalizar 116.7 ha.

En Los Colomos III, es la suma de los predios La Coronilla (3.56 ha), Campana del Tabardillal (37.3 ha), Loma de los Coyotes (24.6 ha) y Los Coyotes (16.4 ha), para totalizar 81.85 ha.

Con el paso de los años, sobre todo medio siglo a la fecha, 26.7 ha del primer poligonal y 40 ha del segundo fueron invadidas. Los intentos gubernamentales para poner orden y detener las invasiones fueron, en el mejor de los casos, tímidos.

1962: las invasiones

La escritura pública 434, del 20 de marzo de 1962, ante la fe del notario público 48, José García Delgadillo (inscripción 133, página 280 del libro 791, sección primera de la segunda oficina del Registro Público de la Propiedad), acredita la compra de Melquíades Orozco Vázquez del terreno rústico “denominado El Torreón y San Ramón, conocido también como Loma del Callejón y actualmente como Rancho el Gorupo”, con una extensión de tres hectáreas (una anotación marginal revela que la fracción vendida forma parte de un superficie total de 30 ha), cuya historia registral data aparentemente de 1934.

Melquíades Orozco solicitó rectificación de superficie, aludiendo error en la escritura. Es decir, no eran tres sino 30 ha (documento 15 del libro 2,354 de documentos generales de la segunda oficina del RPP). Ya con ese logro, vendió a Guillermo Brocmann Obregón y socios 25.7 ha (escritura pública 3,094, 16 de junio de 1969, notario 65, Carlos Luviano Jaramillo).

19.7 de esas hectáreas pasaron a propiedad de Caro Quintero, el cual las perdió temporalmente. Pero el 6 de septiembre de 2000, la escritura 6,111 (del notario 50, Guillermo Conrado Figueroa) acredita la venta de 15.7 ha del predio por parte del propio narcotraficante, operación a cargo de su representante Juan Carlos Aguado Madrigal, a favor del grupo constructor Segundo Milenio SA de CV.

El 5 de diciembre de 2003 (escrituras públicas 10,221 y 10,222 del notario 16 de Zapopan, Arturo Zamora Jiménez), se acredita la transmisión de las áreas de vialidad y de cesión para el desarrollo Zoto Grande.

De las propiedades estatales que detentó el miembro del cártel de Guadalajara entre 1984 y 2000, además del fraccionamiento citado, se derivan también los condominios La Reserva (escritura 523 del 17 de diciembre de 2003, notario 98, Manuel Cárdenas Ortega), de 6,911 m2.

Pero los descendientes de Melquíades Orozco no se conformaron con pasar de tres a 30 ha. El 6 de diciembre de 2006, Amparo Meneses viuda de Orozco solicitó una nueva rectificación de la superficie, a 33 ha, la cual se autorizó, según el documento 38, libro 10,634 del RPP.

Otras invasiones en Colomos III (que suman 40 ha) no tienen un pasado tan espectacular; son actos jurídicos considerablemente más recientes que sólo por descuidos podrían ser mejores que los títulos públicos. En algunos casos ni siquiera se ha detectado al invasor. Pero la investigación de la Secretaría General de Gobierno señala nueve actos de posesión ilegal, que incluyen los fraccionamientos Pontevedra, Real del Bosque, La Reserva, una fracción de Puerta de Hierro, la escuela Greenlands, iglesia católica de San Juan Masías, Plaza Andares (parcialmente) y agencia automotriz Mazda Acueducto, así como los particulares Corporativo Egyro, María del Rosario Lindoro Guerrero, Andrés Estrada Briseño, Marcela y Griselda Muñoz Morfín.

Las evidencias jurídicas abrumadoras no han impedido que estos espacios tengan licencias municipales en regla por parte de Zapopan.

En Los Colomos I y II se registran trece invasiones: fraccionamiento Rincón de Los Colomos, fraccionamiento Villas Colomos, Fernando Castillo Carrillo, Mario Martín del Campo, Jesús Oropeza Preciado, Yamel Gómez Márquez, club deportivo Atlas Colomos, constructora Rodríguez y Torres, y el reciente caso de Retorno del Torreón, de Oromont Inmobiliaria Sociedad Civil, con ocho presuntos codueños. También favorecidos con permisos municipales (de Zapopan y Guadalajara), ninguna de las escrituras de este grupo se remontan más allá de 1949.

La materia no se crea ni se destruye, sólo se transforma, dice el principio de Lavoisier. En Colomos no es la excepción: las tierras que fueron adquiridas a partir de hace 111 años para preservar el agua de la ciudad simplemente han sido invadidas para negocios fabulosos en una madeja de mentiras, fraudes e historias oscuras que no excluyen lavado de dinero del crimen organizado.

Agustín del Castillo, VerdeBandera

TE PUEDE INTERESAR:

LA IMPOTENCIA

(2008).- Atrapado en la maraña burocrática, el ayuntamiento de Guadalajara va de yerro en yerro en el caso del parque Los Colomos A pesar de contar con estudios que prueban que es propietario de más de 90 hectáreas de esta zona de reserva ecológica, no ha sido capaz de documentar que una pequeña extensión que detentan ocho particulares también es suya

A pesar de que el gobernador Emilio González Márquez sabe que las poco más de 198 hectáreas de la reserva ecológica del parque Los Colomos son patrimonio del estado, no hace nada por reclamarlas a quienes se ostentan como sus dueños
En junio de 2005, a solicitud de Claudio Sáinz David, entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur), la empresa Comuna Ingeniería, SA de CV, consultó escrituras que datan del siglo XIX y de principios del XX para determinar cuáles eran los predios propiedad del estado Incluso elaboró dos planos en los que mostró que la superficie estatal comprende un polígono de 139-81-51 hectáreas ubicadas en el municipio de Guadalajara y que incluyen, precisamente, el bosque Los Colomos II.

Sin embargo, en su página electrónica, el Patronato de Los Colomos del ayuntamiento tapatío reporta que sólo tiene en comodato 92 hectáreas, que podrían reducirse a 90, ya que particulares se apoderaron de una superficie de 15 mil 13176 metros cuadrados del área ecológica, junto al fraccionamiento de lujo Colinas de San Javier

José Tomás Colsa Chalita y Álvaro Corvera Nepote, presuntos dueños de un terreno de Paseo del Torreón –cuya extensión es de 11 mil 18690 metros cuadrados–, son amigos y prestanombres del regidor panista de Guadalajara, Juan Pablo de la Torre Salcedo, quien además colocó a su asesor David Gutiérrez Champion como administrador del bosque

Así mismo, De la Torre Salcedo, hijo del expresidente del Club Atlas y de la Federación Mexicana de Futbol, Alberto de la Torre, tiene un negocio de comida dentro del área natural protegida y curiosamente forma parte del consejo directivo del Patronato Los Colomos (Proceso Jalisco 175)

El resto de la superficie invadida está en manos de Cecilia Ibarra Rivas, quien ocupa una franja de mil 97772 metros cuadrados, y de Guillermo Orozco Salido, asentado en una superficie de mil 96714 metros cuadrados

En el segundo plano elaborado por la empresa Comuna Ingeniería a petición de la Sedeur se detectó que el estado es propietario de 8185 hectáreas ubicadas en Zapopan La mitad de esta superficie la tiene en comodato el ayuntamiento desde 1983; el resto, que forma parte de la zona de recarga acuífera de Los Colomos, está en manos de particulares que construyeron ahí conjuntos habitacionales de lujo, con su plaza pública, una escuela y un templo

Uno de los presuntos dueños de esos terrenos de Zapopan, ubicados a lo largo de avenida Acueducto, entre Periférico y Patria, fue el narcotraficante Ramiro Mireles Félix, ejecutado en 1993. Un vecino de la zona, que pidió omitir su nombre, asegura que Manuel Hernández Barba, sacerdote fundador del templo de San Juan Macías, le comentó que, poco antes de su muerte, Mireles Félix vendió a Rafael Caro Quintero el terreno donde ahora se encuentra Residencial Zotogrande; además, le “donó” al presbítero el predio para que construyera su iglesia

En esos terrenos propiedad del estado, que presuntamente pertenecían a Mireles Félix, se construyeron los desarrollos Real del Parque; Pontevedra; una fracción de Puerta de Hierro, cuyo dueño es el empresario priista Raymundo Gómez Flores, y Plaza Andares, perteneciente a la familia Leaño Álvarez del Castillo, propietaria de la Universidad Autónoma de Guadalajara y del equipo de Primera División de futbol Tecos En la zona también se encuentran los fraccionamientos Lomas de los Naranjos y del Bosque, algunos negocios y una escuela

Pésima defensa
Las autoridades estatales y municipales cuentan con documentación para demostrar que los lotes ubicados en Zapopan y el predio de Retorno al Torreón, en Guadalajara, les pertenecen, pero hasta ahora no han hecho nada para recuperarlos
Así por ejemplo, en el caso del predio de Paseos del Torreón, de acuerdo con copias que obtuvo este semanario, hace 13 años un grupo de ocho personas, entre ellas Orozco Salido, demandaron al ayuntamiento de Guadalajara ante el Juzgado XVI de lo Civil –expediente 731/95– En su querella pedían recuperar la posesión “del uso de la servidumbre de paso por vía pública, respecto a la calle Retorno del Torreón que la ahora demandada (es decir, el ayuntamiento tapatío), en forma prepotente nos privó, mediante la construcción de un arco, así como una caseta de control de acceso que construyó a partir del 10 de mayo de 1994”

En respuesta a la demanda, el entonces síndicomunicipal de Guadalajara, José Enrique Uriñuela Ladrón de Guevara, argumentó el 17 de mayo de 1995 que “la vía forma parte del equipamiento interno del propio parque y no conducen a ningún predio que pueda ser propiedad de los hoy actores (Orozco y compañía)”Y agregó: “Es indebida la pretensión del actor en el sentido de recuperar la posesión del uso de servidumbre, ya que desde el 27 de abril de 1983, el H Ayuntamiento la detenta atravez (sic) del contrato de comodato que celebró con el gobierno del estado, quien es el legítimo propietario del predio”

Uriñuela también objetó al titular del Juzgado XVI de lo Civil, José Guillermo Vizcarra Casillas, que el plano que presentaron los demandantes fue “expedido sin autorización alguna”, por lo que no constituye “un medio probatorio; además, el parque de los Colomos es legalmente un área de reserva urbana” Y le recordó al juez que los demandantes mienten sobre la fecha de inicio de la obra del arco y la caseta de control, pues estas obras se concluyeron en junio de 1993 Para rematar el síndico subrayó que el título de propiedad presentado por Orozco Salido y sus socios es apócrifo

Un año después, el 9 de julio de 1996, el juez Séptimo de lo Mercantil, José Guillermo Vizcarra Casillas, dictó sentencia definitiva a favor de los particulares por considerar que el ayuntamiento “no ofertó elemento de prueba alguno”
Y la situación se congeló durante 12 años, hasta que el 16 de diciembre de 2006 el asunto se reavivó Ese día, el entonces director jurídico en funciones de síndico suplente, Francisco Javier Ulloa Sánchez, otorgó la autorización a los particulares para construir dentro del bosque, mediante el recurso de revisión DJM/DJCT/FA-6/19059/2006, “40 viviendas bajo régimen de condominio vertical densidad baja, en ocho niveles de altura”

Hasta el actual alcalde panista, Alfonso Petersen Farah se mostró tibio en la defensa del predio al reconocer el pasado 5 de febrero que un juez federal falló en última instancia que el terreno de los 15 hectáreas es “propiedad particular y que se incorporó de manera irregular al patrimonio de Los Colomos” Incluso admitió que “el ayuntamiento está obligado a darle la licencia de construcción (a los presuntos propietarios) porque así está dictaminado por el juez”
Sólo cuando, días después, los integrantes del Comité Pro Defensa Bosque Los Colomos se manifestaron y pidieron al ayuntamiento tapatío recuperar esos predios, Petersen reculó y mencionó que “consideramos que el proceso jurídico no está agotado”

Sin embargo, el miércoles 12 el ayuntamiento se dio cuenta de que “no tiene personalidad jurídica” para defender el predio de Retorno al Torreón puesto que el comodato mediante el cual el entonces gobernador Enrique Álvarez del Castillo cedió en 1983 el bosque al ayuntamiento, no lo firmó, ni tampoco lo hizo su secretario general de gobierno, Eugenio Ruiz Orozco, por lo que el municipio tapatío se deslindó de la situación jurídica y dejó el caso en manos del gobierno estatal

Por su parte, el Ejecutivo jalisciense ha interpuesto varios recursos legales para acreditar la propiedad, pero no ha ganado ninguno El 14 de agosto de 2002, por ejemplo, la Dirección de Patrimonio Inmobiliario estatal mediante el oficio DPI 1772/2002 informó al entonces secretario general de Gobierno, Héctor Pérez Plazola, que “Guillermo Orozco Salido solicita se defina y aclare la situación legal que guarda el lote de terreno ubicado en Paseo del Torreón y Retorno del Torreón, con superficie de 15,13176 metros cuadrados, toda vez que manifiesta ser copropietario, negándose el H Ayuntamiento de Guadalajara a subdividirlo por existir duda referente a la propiedad, toda vez que se encuentra dentro del Parque Los Colomos”

En ese oficio se menciona que Orozco Salido presentó, para demostrar la propiedad, la escritura 9454 de fecha 27 de julio de 1989 emitida por el notario público número 5, Humberto Gascón, la cual adquirió en copropiedad con otras siete personas, en una transacción realizada con Fraccionadora del Valle, SA de CV, que a su vez compró dicho terreno como aportación de la socia Antonia Verea, una parte de la fracción A de los antiguos predios El Torreón y San Ramón que fueron parte de la hacienda de la Providencia, cuya extensión era de 81 hectáreas

La Dirección de Patrimonio estatal advirtió a Pérez Plazola que “una vez analizados los documentos, esta dependencia determina que el predio ubicado en la calle Paseo del Torreón con superficie de 15,13176 metros cuadrados, no corresponde con las propiedades adquiridas por Fraccionadora del Valle”

La dependencia aseguró que la descripción que hace Fraccionadora del Valle en su escritura 5192 no coincide con el plano de una fracción de los antiguos predios El Torreón y San Ramón que incluye una superficie de 124 hectáreas ni con el plano topográfico

Además, Patrimonio del estado refiere que, de acuerdo con cinco planos elaborados por distintas dependencias entre 1915 y 1991, se encontró que el predio del Torreón está dentro del “perímetro de la propiedad estatal”, por lo que se establece que el terreno “en cuestión pertenece al Parque Los Colomos, propiedad del gobierno del estado”

Dos años después, el 2 de junio de 2004, Pérez Plazola solicitó al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Gerardo Octavio Solís Gómez, “se ejerciten las acciones legales correspondientes en contra de quien o quienes resulten responsables por la invasión” del terreno que mide 15 hectáreas y que está “delimitado con postería de concreto y alambre de púas, además tiene un letrero de lamina con la leyenda se vende” La PGJE no hizo nada

Y el 23 de mayo de 2005 Pérez Plazola hizo la misma petición a Solís Gómez luego de que, 11 días antes, el entonces síndico de Guadalajara Gustavo González Hernández, hoy diputado local, informó al secretario general de Gobierno que “mediante juicio civil sumario promovido por los supuestos propietarios (entre ellos Orozco Salido) contra el ayuntamiento, se ordenó la demolición” del arco y la caseta

González Hernández le recalcó a Pérez Plazola que “en repetidas ocasiones se ha intentado platicar con personal de Bienes Patrimoniales de gobierno del estado sobre el caso, “pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta alguna, ya que en el juicio jamás fue llamado el gobierno del estado” La PGJE fue omisa por segunda ocasión

La procuraduría sólo mostró interés hasta el 20 de junio de 2005, cuando, a través de su Coordinación General Jurídica, informó a la Dirección de Patrimonio que para poder “ejercitar acciones legales” contra los invasores “se necesita delimitar técnicamente el inmueble de referencia, como parte del área de propiedad estatal denominada Los Colomos”

Al siguiente día, Patrimonio del estado envió el oficio 1957/05 al entonces presidente municipal de Guadalajara, Emilio González Márquez, para informarle sobre la situación legal del predio del Torreón, así como de la invasión que está sufriendo De igual forma solicitó que el “ayuntamiento ponga la diligencia debida a efecto de conservar y custodiar la posesión física y legal del área estatal materia del comodato” González Márquez no actúo

Con la llegada de Salvador González de los Santos a la PGJE, en noviembre de 2005, la dependencia intentó defender el predio del Torreón El nuevo funcionario solicitó el 5 de octubre de 2006 ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil –expediente 966/06-VI– un amparo contra la resolución del expediente 731/95 que favorecía a los particulares

González de los Santos alegó al juez que su representado, el gobierno del estado, “jamás fue legalmente emplazado, ni escuchado dentro de dicho procedimiento legal, violentando las garantías consagradas por el artículo 14” de la Carta Magna No tuvo éxito, pues el Juzgado Séptimo de lo Mercantil ratificó la demolición

En torno de los predios de Los Colomos ubicados en Zapopan, el extitular de la Dirección de Archivos, José Javier Ezquerra González, informó el 16 de junio de 2004 a la directora general de Gobierno, María Carmela Chávez, a través del oficio DPI 738/04, que el procurador del estado “tuvo conocimiento de la invasión de una fracción del área estatal denominada la Campana del Tabardillal, la cual tiene su ingreso por avenida Las Palmas a un costado del Condominio Villa Coral” El director de Archivos no obtuvo ninguna respuesta

Escrituras dudosas
Colsa Chalita y Covera Nepote aseguran que adquirieron el inmueble del Torreón el pasado 6 de diciembre, según la escritura 8107 emitida por el notario 122, Carlos Gutiérrez Aceves Los presuntos prestanombres del regidor panista Juan Pablo de la Torre Salcedo compraron a Manuel Pelayo Topete y a las señoras Susana Ochoa Villaseñor, Ana Rosa Pelayo Velasco, María de los Ángeles Velasco Saldívar y a Alejandro Madrigal Orozco una superficie de 11 mil 18690 metros
La escritura con que acreditan la propiedad los amigos del regidor De la Torre Salcedo “se encuentra todavía en tramitación en el Registro Público de la Propiedad”, según un documento del notario fechado el 28 de enero

Un dato curioso es que el mismo día en que se hizo dicha compraventa entre los amigos del regidor y los socios de Pelayo Topete, el secretario general del ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Rejón Cervantes, solicitó de manera urgente a Gilberto Toscano García de Quevedo –tío de Mariana, esposa del regidor Juan Pablo De la Torre e hija de la regidora priista Myriam Vachez y de Juan García de Quevedo– que se cumpla con lo aprobado por el cabildo durante la sesión del 6 de diciembre de 2007

De esa forma, decía Rejón, esta autoridad municipal deberá acatar “la sentencia definitiva del 24 de marzo de 2006 que contempla declarar nulo el plan de desarrollo municipal de 2004” Con esta orden Orozco Salido tenía la libertad de construir su proyecto inmobiliario en el predio del Torreón

Por otro lado, Cecilia Ibarra Rivas, de acuerdo al expediente 882/2003, se apoderó de mil 977721 metros cuadrados del predio del Torreón en un remate judicial efectuado en 2003, pero fue hasta el 23 de noviembre de 2004 cuando el juez Segundo de lo Civil, Juan Carlos Rodríguez Sánchez la reconoció como propietaria tras ganar el juicio sumario que interpuso contra Manuel Pelayo y copropietarios

Guillermo Orozco Salido, a su vez, se adjudicó mil 96714 metros del predio del Torreón cuando el 18 de octubre de 2000, el juez Sexto de lo Civil del primer partido judicial, Armando René Ibarraran Zuno –expediente 299/97– logró dividir la copropiedad que inició con otras siete personas al momento de comprar a Fraccionadora del Valle l

Proceso

TE PUEDE INTERESAR

Guadalajara, México (18 enero 2007).- Una parte de las obras de construcción del Centro Comercial Andares fue frenada por un traslape en las escrituras.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur), pidió al Ayuntamiento de Zapopan parar las obras en un polígono que va desde Los Colomos hasta Puerta de Hierro, incluyendo una fracción del desarrollo comercial.

"Es una parte que el Gobierno del Estado está reclamando y obviamente que el Municipio no permitirá que se construya nada en esa parte", explicó Ricardo Robles Varela, director de Obras Públicas de Zapopan.

De acuerdo con la Sedeur, un documento de hace más de 100 años establece que un área de los terrenos pertenece al Gobierno de Jalisco.

Robles Varela aclaró que actualmente se realizan trabajos de excavación en la zona donde no se tiene problema.

Carlos Homero Ramos, director del proyecto Andares, señaló que todos los documentos del proyecto están en orden.

"La confusión la deben de tener ellos, nosotros no, que lo chequen donde gusten, en cualquier instancia, inclusive por parte del Gobierno de Zapopan con los acreditamientos del Registro Público de la Propiedad", desafió.

Por otra parte, el funcionario de Zapopan recordó que los propietarios del centro comercial están obligados a construir un paso a desnivel para el ingreso del mismo.

"Hay una propuesta para hacer un paso a desnivel ahí por la entrada y ellos (la empresa) lo van a hacer", aseguró.

El Centro Comerciales Andares, ubicado sobre Avenida Patria y Boulevard Puerta de Hierro, contempla albergar las tiendas más exclusivas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, como ancla tendrá una sucursal de Palacio de Hierro, entre otras.

Jorge Velazco, Mural

TE PUEDE INTERESAR: https://www.auditoriotelmex.com/index.php/jalisco/item/3761-caro-quintero-y-colomos-tres-una-historia-de-negocios