El 7 de noviembre un fétido olor invadió el edificio, especialmente el área del estacionamiento y primer piso, comenta Jesús Muñoz Dueñas, secretario del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial de Jalisco. “Se saturaron los cárcamos, por lo que los excrementos y las aguas negras y residuales llegaron hasta el tope y tuvieron que succionarlos con pipas”, dice.

Según el representante sindical, fueron extraídos alrededor de 110 mil litros de aguas negras, particularmente materia fecal acumulada en los ductos. El costoso inmueble carece de drenaje.

El líder de los trabajadores pone en duda la adecuada operación de la planta de tratamiento, pues le aseguraron que el agua que sale de los lavamanos, baños y la tarja de cocina es potable, “pero tenemos preocupación porque presenta mal olor”.

E insiste: los sindicalizados trabajarán bajo protesta para exigir la corrección de esas fallas en los sistemas de seguridad y manejo hidrosanitario. También demandan la dotación suficiente de papel y tóner para las fotocopiadoras, a fin de realizar sus labores adecuadamente en los juzgados.

Aunque la Ciudad Judicial comenzó a operar el pasado 17 de septiembre con 33 juzgados civiles, mercantiles y familiares del Primer Partido Judicial (zona metropolitana), la obra inconclusa fue recibida de manera formal por Celso Rodríguez González en octubre de 2012, cuando aún era presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ). Lo hizo a espaldas del pleno del organismo.

La entrega del inmueble un año antes de su puesta en uso ha generado problemas para hacer efectivas las garantías en cuanto a desperfectos o vicios ocultos en su construcción.

Rodríguez González presuntamente firmó un acta sin informar a los magistrados. Por eso, ahora que las autoridades piden a los contratistas reparar los desperfectos en el sistema de iluminación, las instalaciones hidrosanitarias, losas, pisos, plafones, muros y el costoso aire acondicionado, ellos alegan que los plazos de garantía ya caducaron.

Alfonso Partida Caballero, consejero de la Judicatura, sostiene que Rodríguez González falseó información y tendió una trampa. Dice que la irregularidad de recibir la Ciudad Judicial como lo hizo “es monumental”.

LA FÉTIDA INVASIÓN

Según el proyecto, el Consejo de la Judicatura administrará la Ciudad Judicial una vez que se formalice el comodato. Personal del organismo estima que deberán invertirse alrededor de 5 millones de pesos para reparar los daños y 215 millones más para concluir el tercer piso, donde se instalarán las salas para juicios orales.

La empresa Cinco Contemporánea fue elegida en dos ocasiones durante el proceso de la construcción del complejo para la supervisión de la calidad: la primera fue por asignación directa durante la primera etapa de la Ciudad Judicial, y se embolsó 3 millones 23 mil 961 pesos; la segunda, por invitación, fue para la siguiente etapa y firmó un contrato por 2 millones 340 mil 436 pesos. Hoy, quien fungió como supervisor de la obra es empleado de la Judicatura.

Empleados de la Ciudad Judicial comentan que las autoridades no tienen intención de reclamar a la empresa por supuestos compromisos con los constructores. La compañía Cinco Contemporánea es propiedad de Paulino Mario di Vece Roux y los hermanos Felipe y Rodrigo Ramos Garibi. Rodrigo es socio del ex secretario de Promoción Económica del ayuntamiento de Guadalajara, Mauricio Navarro Gárate, en la empresa NCR Desarrollos Inmobiliarios.

Una auxiliar administrativa de un juzgado familiar, quien pide reservar su identidad, cuenta a la reportera que le tocó ver la llegada de las pipas el 7 de noviembre último: “El olor no se soportaba, invadió toda la planta baja”.

A partir de entonces, el agua de la llave de la tarja del comedor se tornó chocolatosa. “Tememos enfermarnos del estómago o agarrar una infección”, comenta.

Aval dudoso

Calificado como “el robo del siglo” por el propio Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del Poder Judicial, el inmueble cuyo costo total rebasará los mil millones de pesos carece también del permiso de habitabilidad plena de parte de la autoridad municipal de Zapopan.

Así consta en copia del trámite 0H/081-13-AG expedido el 26 de agosto pasado por el ayuntamiento zapopano en el que permite sólo una habitabilidad parcial. La solicitud se hizo el 23 de agosto.

Según el documento, la habitabilidad definitiva queda sujeta a la conclusión de la obra, por lo cual sólo “se otorga en forma parcial por el sótano, con una superficie de 16 mil 761 m2; planta baja, con 10 mil 900 m2, primero y segundo nivel, con 10 mil 900 m2, que totalizan 49 mil 461 m2, quedando pendientes de edificación 76 mil 385.21 m2”.

El propietario del edificio (la Secretaría de Desarrollo Urbano) alega que se extraviaron las bitácoras, por lo que el solicitante (el Poder Judicial) presentó también un oficio de la Dirección de Ecología, dando el visto bueno de la planta de tratamiento. Respecto a esta última, Jesús Muñoz Dueñas advierte que no funciona, y reprueba la ligereza de la dependencia en el otorgamiento de los contratos a las prestadoras de servicios.

El representante sindical solicitó vía la Ley de Transparencia toda la información de los dictámenes elaborados por la Unidad de Protección Civil del Estado sobre las condiciones del edificio. La dependencia lo remitió al ayuntamiento de Zapopan, ya que, le dijeron, el complejo judicial se ubica en ese municipio y toca a sus autoridades expedir los permisos de construcción y de funcionamiento. Hasta ahora no ha obtenido respuesta.

Y se lanza contra el ayuntamiento porque, dice, no es posible que autorice el funcionamiento de un inmueble que carece de drenaje y medidas de seguridad adecuadas: ni siquiera tiene salida de emergencia, dice Muñoz Dueñas.

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