Según la información que aparece en la página web de la Auditoría Superior, el 3 de julio pasado se tomó el acuerdo general de administración para abrir la convocatoria del concurso por invitación ASEJ/CI/001/2012, que consiste en la elaboración del proyecto arquitectónico y ejecutivo para las oficinas de la ASEJ, así como la dirección general y la supervisión de obra”.
Lo anterior, para la construcción sobre el predio ubicado en la avenida Niños Héroes 2409, en la colonia Moderna, de Guadalajara.
Ese predio fue adquirido en diciembre de 2010 por el auditor superior, Alonso Godoy Pelayo, a la empresa Inmobile Andare, a pesar de que se había ratificado unos días antes un embargo sobre el mismo.
En caso de que los particulares que vendieron al auditor superior el inmueble pierdan en definitiva el juicio y éste se someta a remate, todo lo que se construya sobre el mismo se perderá. Además, si se edifica sobre el paso de las vías del tren, que fue concesionado a Juan Carlos Rodríguez, propietario de un taller de reparación de locomotoras en la zona y que es el principal objeto del conflicto legal (MILENIO JALISCO, 30 de julio de 2012), se tendrá que derribar la obra, advirtió el abogado José Eusebio Vargas Rodríguez.
En el anexo que incluye los términos de referencia del concurso para la obra, se señala que “la ASEJ adquirió el predio que se ubica en la avenida Niños Héroes, en su cruce de la avenida Inglaterra, en esta ciudad de Guadalajara, donde se identifica la necesidad de desarrollar un inmueble que cuente con oficinas, áreas de usos múltiples y estacionamiento, incrementando con esto su patrimonio”.
El 9 de julio pasado, las empresas interesadas visitaron el lugar, participando CEN HIS SC, TEI Construcción SA de CV, PCYU SA de CV y CODECAM Constructores SA de CV. Dos días después se abrieron las propuestas y se adjudicó la obra a TEI Construcción, por un monto de 15 millones 495,701.36 pesos, más dos millones 479,312.22 pesos del impuesto al valor agregado (IVA), para un total de 17.9 millones de pesos.
En los documentos de la licitación de la obra no se precisa cuándo comenzarán los trabajos, aunque en una visita de este diario al lugar se pudo constatar que aún no arrancan. El predio está completamente bardeado, lo que motivó que se presentara una denuncia penal por despojo en contra del auditor superior, Alonso Godoy Pelayo.
MILENIO JALISCO dio a conocer este lunes que el gobernador Emilio González Márquez entregó 80 millones de pesos al auditor superior, Alonso Godoy, de los que 30 millones de pesos se aportaron en diciembre de 2011, para la compra del predio, mientras que otros 50 millones de pesos se dieron el 4 de junio pasado para la construcción del edificio.
Lo anterior, a pesar de que este diario dio a conocer que la Auditoría Superior compró el terreno en medio de irregularidades. Una de éstas fue un sobreprecio de 30 millones de pesos, ya que un año antes había sido adquirido por la empresa que se lo vendió en 39 millones de pesos, mientras que el auditor pagó 69.5 millones. Además, el avalúo marcaba un precio de 37.6 millones de pesos y el valor catastral era de 50.6 millones de pesos (MILENIO JALISCO, 17 de febrero de 2011).
Otro problema es el conflicto jurídico en torno al predio. En 2003, José Saracho Palafox compró en nueve millones de pesos el inmueble a Ferrocarriles Nacionales, pero levantó las vías de tren que pasaban por el mismo, lo que motivó que fuera demandado por Juan Carlos Rodríguez, quien tenía la concesión. Este último ganó el juicio y se condenó a Saracho Palafox a la restitución del paso y la reinstalación de las vías o el pago por esta actividad. Al no cumplir, se estableció que debía entregar el paso y 1.9 millones de pesos. Volvió a incumplir y se le embargó el predio que luego vendió a Inmobile Andare, a la que se lo compró la Auditoría Superior.
Una empresa polémica
El grupo Azano, al cual pertenece la empresa TEI Construcciones, ha estado involucrado en varios hechos polémicos, por adjudicaciones de obras o compras de gobierno. Además, es una de las grandes beneficiarias en los gobiernos panistas.
Su propietario, Susumo Azano, se vio involucrado en el escándalo de la compra de placas durante la Administración del panista Francisco Javier Ramírez Acuña. La Secretaría de Administración, encabezada en ese tiempo por Abraham González Uyeda, le adjudicó la compra de láminas a su empresa Diseños e Impresos de Seguridad. En esa ocasión, hubo señalamientos por el contrato y la mala calidad de las placas, que tuvieron que elaborarse de nueva cuenta.
Recientemente, otra empresa, Security Tracking Devices apareció en el ojo del huracán, por la compra de equipo de inteligencia por más de cinco mil millones de pesos. Esta firma, propiedad de Susumo Azano hijo, aseguran medios de circulación nacional, presuntamente llegó al gobierno federal por impulso de Ramírez Acuña y González Uyeda.