Los diputados, que aceptaron préstamos secretos en varias ocasiones para completar la nómina; que solicitaron un crédito al Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG para gasto corriente y que recibieron en diciembre pasado 170 millones de pesos del gobernador, Emilio González, sin que aún se conozca de qué partida, como un préstamo que hace cuatro meses dejaron de cobrarles, ayer quisieron cumplir estrictamente la ley. El argumento en que coincidieron los funcionarios al atender a Benavides, fue que no estaban facultados para recibir el dinero.
El empresario llegó a Palacio Legislativo a las 13:30 y se dirigió a Oficialía de Partes, donde se reciben todas las comunicaciones y notificaciones del Congreso, pero no le recibieron el dinero. Luego, subió hasta el tercer piso, al otro extremo del edificio, para llevar el cheque a la Secretaría General; el titular de ésta, José Manuel Correa, lo recibió amablemente, pero tampoco admitió el documento.
Benavides dijo que entonces lo entregaría a la Comisión de Administración, pero le informaron que el presidente de la misma, el diputado Raúl Vargas, no se encontraba en el edificio. Bajó una planta y se dirigió a la oficina del Jurídico, Luis Enrique Villanueva. Pero su suerte fue la misma, tampoco ahí se lo aceptaron, aunque le sugirieron que lo enviara directamente a la universidad. En entrevista, dijo que así lo hará.
Los 35 mil pesos son una respuesta a las declaraciones que hizo el presidente de la Comisión de Vigilancia, Salvador Barajas, acerca de que el procedimiento para nombrar al auditor superior estaba detenido, porque la Comisión de Administración no había aprobado la liberación de ese recurso, para pagar a la Universidad de Nayarit por el examen que hará a los candidatos.
Benavides Reyes dijo que en el consejo de la Coparmex, “preocupados por la transparencia y la rendición de cuentas, se tomó la decisión de traer un cheque de 35 mil pesos a nombre de la Universidad Autónoma de Nayarit”. Lo anterior, para que “no se diga que por 35 mil pesos no tenemos una Auditoría confiable”, ya que creen que sólo se trata de un pretexto.
Dijo que el Jurídico le ofreció una reunión con el Tribunal Colegiado que ordenó la reposición de procedimiento a través del cual se nombró al auditor y que determinó la remoción de Alonso Godoy Pelayo.
También se preguntó a Benavides Reyes qué opinaba de que el gobernador hubiera entregado 80 millones de pesos al auditor superior, cuando está a discusión su cuenta pública de 2009, cuyo informe final fue enviado por Godoy Pelayo al Congreso del Estado sin cargos. Pero de este caso no quiso opinar. Sólo dijo que ningún empresario compraría un predio embargado —como hizo el auditor— y que, además, la Auditoría Superior no podrá obtener ningún permiso de construcción.
Claves
Del proceso
► El 18 de noviembre de 2011, MILENIO JALISCO dio a conocer que un tribunal federal ordenó la reposición del procedimiento a través del cual fue nombrado como auditor superior Alonso Godoy, el cual quedó sin efectos.
► La resolución fue consecuencia del amparo que promovió Héctor Alberto Romero, quien acudió al juicio de garantías tras que la anterior Legislatura no cumplió con los términos de la convocatoria al designar a Godoy como auditor en diciembre de 2009. En dicha convocatoria, se establecía que los candidatos debían someterse a un examen de oposición, que harían universidades de prestigio. Los diputados evaluaron directamente a los candidatos.
► Para acatar la resolución de reposición, los diputados convocaron a varias universidades, pero sólo aceptó la Autónoma de Nayarit.