En conferencia de prensa, Marrufo Torres explicó que el secretario general del Congreso del Estado, José Manuel Correa Ceseña, solicitó al Sistema de Administración Tributaria “la aclaración correspondiente, a efecto de conocer la validez de las supuestas compensaciones” que logró la empresa.

La respuesta llegó el 17 de julio pasado, en la que “la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la misma autoridad responsable de realizar las retenciones y aplicar las compensaciones, mediante la cual informa el rechazo de los 22 folios de los avisos realizados” por el despacho López Castro en los ejercicios fiscales de 2006, 2007 y 2008.

El documento emitido por la SHCP, del cual entregó fotocopias Marrufo Torres, señala que en las peticiones que se hicieron para compensar “pagos de lo indebido por concepto de pagos provisionales del ISR [impuesto sobre la renta] retenido por salarios y por concepto de asimilados a salarios de los ejercicios de 2007, 2008 y 2009”, los trámites se encuentran “con resolución de rechazados, toda vez que la consulta a la base de datos de los sistemas institucionales, no existe declaración alguna en la cual conste que los pagos de lo indebido que se habían compensado”.

Por esto, dijo el diputado, es claro que “el despacho no cumplió con lo pactado y sí exigió el pago de sus honorarios como si realmente hubiese conseguido algo para el Congreso”. Además, afirmó, la empresa provocó que el Poder Legislativo “fuera omiso en el pago de los impuestos correspondientes de manera puntual por la irresponsabilidad y engaño de la empresa contratada”.

Ante esta situación, anunció el legislador, se darán indicaciones al director jurídico, Luis Enrique Villanueva, “[para que] presente las demandas y denuncias civiles y penales necesarias, para hacer frente a este acto inaudito, ventajoso y falaz”.

MILENIO JALISCO dio a conocer que un tribunal resolvió que el Congreso debe pagar 58 millones de pesos a la consultora López Castro y Compañía —que fue contratada para recuperar a favor de los diputados pagos en exceso de impuestos—, como producto de un convenio que firmaron los actuales legisladores y los particulares. Esto, como consecuencia del adeudo que reclama la empresa, de más de 84 millones de pesos, llegándose a una negociación.

Claves

De la deuda

► Un tribunal resolvió que el Congreso del Estado debe pagar a la consultora López Castro y Compañía 58 millones de pesos.

► La deuda es producto de un convenio que firmaron los actuales legisladores y la empresa, que reclamaba 83.4 mdp por supuestamente haber recuperado unos 100 mdp ante Hacienda.

Trabajadores consiguen amparo

Los trabajadores del Congreso del Estado de Jalisco consiguieron una suspensión provisional para garantizar que los recursos que corresponden al pago de sus salarios no sean utilizados para un fin distinto, como podría ser el pago de deudas del Poder Legislativo.

Así lo anunció Irene Trejo, secretaria general del sindicato, quien dijo que ante el requerimiento que hizo un juzgado federal, para que se pague a la empresa Consultora López Castro y Compañía 58 millones de pesos, “nos preocupaba, veíamos una situación inminente y un peligro” para el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores.

La líder sindical explicó que primero se les había negado la suspensión, por lo que interpusieron un recurso de queja y ayer fueron notificados por el Juzgado Tercero en Materia Administrativa, acerca de que sí se les concedía.

Agregó que los trabajadores “no tenemos por qué cargar con problemas económicos, con deudas que no nos corresponden y que no tienen por qué ser saldados con nuestros recursos”. Irene Trejo informó que en total se presentaron ocho demandas de amparo, uno como organización, cinco a través de los miembros del Comité Directivo y dos colectivos.

El del sindicato no se ha resuelto, los colectivos se rechazaron, pero se interpuso la queja y se les otorgó la suspensión.

Esta resolución fue respaldada por los legisladores, según señaló ayer el coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Marrufo Torres.

Los amparos comenzaron a interponerse desde el 10 de julio pasado, luego de que un juzgado federal ordenó a los poderes Legislativo y Ejecutivo, a este último a través de la Secretaría de Finanzas, que se pagara a la empresa López Castro y Compañía los 58 millones de pesos.

Con la suspensión, el gobierno del estado no podrá retener las participaciones del Congreso para saldar ese adeudo.

Milenio