La nómina del Congreso permanece hasta hoy intacta. De acuerdo con la primera quincena de septiembre de 2012 –la última que se pagó a la totalidad de la burocracia legislativa; en la segunda, los supernumerarios ya no percibieron su sueldo por falta de recursos– son mil 239 trabajadores los que laboran en el Poder Legislativo estatal; y representan, cada mes, una carga al erario de casi 28 millones de pesos, según datos de la Secretaría General del Poder Legislativo.
El personal de base es el que mayor representación tiene en la plantilla laboral del Congreso, con 656 trabajadores. Los supernumerarios alcanzan los 515 empleados. Por honorarios se tienen contratadas a 68 personas. Nota aparte merecen los 39 diputados estatales.
De hecho, en lugar de reducirse, la nómina ha aumentado casi en un 10%. En mayo de 2012 la plantilla legislativa era de 643 trabajadores de base, 526 supernumerarios y 56 empleados por honorarios, lo que daba un total de mil 225 personas laborando en el Congreso.
En diciembre de 2011, cuando la nómina del Poder Legislativo rebasaba las mil 500 personas, el coordinador de la fracción del PRI en el Congreso, el diputado Roberto Marrufo Torres, aseguró que antes que concluyera la Legislatura, 600 supernumerarios se irían a casa. Incluso sugirió que bastaban 600 trabajadores para que el órgano legislativo funcionara.
Al inicio de 2012 fueron casi 300 empleados supernumerarios a los que se despidió, debido a que sus contratos vencían. Y a casi un año de las declaraciones de Marrufo, la nómina ha tenido apenas una mínima reducción.
“Trataremos por todos los medios posibles de entregar a la siguiente legislatura el capítulo 1000 con 654 plazas de base, ningún compromiso de contratos con supernumerarios y tampoco contratados por honorarios”, fue la promesa hecha por el presidente de la comisión de Administración del Congreso, el diputado local perredista, Raúl Vargas López, el 30 de agosto pasado, cuando rindió un informe ante el pleno del Poder Legislativo.
El Congreso ha servido además como agencia de colocación de amigos, familiares y militantes de partido.
Por ejemplo, destacan nombres como el de Delia Macías Zambrano, hermana del ex diputado local panista, Gustavo Macías Zambrano, quien fuera desituido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por desacato a una orden judicial en 2011.
O por ejemplo, Carlos Alberto Monraz Ibarra, hermano del presidente estatal del PAN, Miguel Ángel Monraz Ibarra –también diputado en esta legislatura–, quien tiene un cargo de base como auxiliar en el Congreso.
El lunes pasado, el mismo Miguel Ángel Monraz acusó al PRI del mal manejo administrativo en el Poder Legislativo. Le secundó el próximo coordinador del PAN en el Congreso del Estado, Gildardo Guerrero Torres.
“Estamos conscientes de que el Congreso del Estado necesita una profunda reingeniería para que el Poder Legislativo sea un espacio de ejemplo y no un espacio que dé lástima o que dé pena”, expresó ese día Guerrero Torres.
Un hermano del futuro coordinador panista, Francisco Javier Guerrero Torres, labora como supernumerario en la actual legislatura. Tiene un puesto como auxiliar administrativo con un sueldo neto de aproximadamente nueve mil 300 pesos a la quincena; su contrato vence este mes.
Trascendió que el fin de semana pasado los coordinadores del PRI, PAN, PVEM y PRD en el Congreso se reunieron para discutir el número de basificaciones que se repartirán entre las diferentes fracciones parlamentarias.
Según las fuentes consultadas, el número de basificaciones no estará por debajo de las 100; en 2010 la legislatura actual inició labores con cerca de 135 supernumerarios que heredó de su antecesora, la LVIII Legislatura.
“Los conozco (los rumores de basificación). Se escuchan en los pasillos, pero yo no tengo interés de basificar (…) A mí no me han pedido hasta ahora una lista, pero yo les he compartido que no tengo interés en basificar, pero dada la dinámica de cómo se procesan las cosas, decidí que cuando se estableció al inicio un acuerdo para basificar a dos por diputado, decidí hacerlo con dos trabajadores de la legislatura que tuvieran más de tres años como lo marca la Ley de Servidores Públicos, los dos tienen más de cinco años en el Congreso”, declaró ayer la diputada local priísta Ana Bertha Guzmán Alatorre.

Fuente: La Jornada Jalisco