Los cables continúan pelones en las instalaciones. Algunos plafones amenazan con caer sobre la cabeza del visitante. El Archivo General del Congreso puede apreciarse desde una puerta de cristal; está, literalmente, “patas arriba”. Las paredes no esconden la mugre y muchos, pero muchos espacios, están vacíos, aunque personal, hay de sobra. El edificio de Juárez fue adquirido durante la Legislatura 59. El Congreso pagó por él 30 millones de pesos. Fue comprado a la firma Inmuebles Banamex, SA de CV. Para hacerse del lugar, el Congreso dio un enganche de seis millones de pesos. Luego, a plazos, pagó cerca de 24 millones de pesos. Para los adornos, la limpieza y demás trabajos de remodelación, la misma Legislatura, la 59, contrató a una empresa, Diesto Edificaciones, SA de CV. Para ello se erogaron 41 millones 847 mil 560 pesos con 93 centavos. “La actual legislatura no tiene en sus manos el contrato que debió haberse celebrado con la empresa Diestro Edificaciones, SA de CV, aunque entre los documentos encontrados se lograron recuperar algunas facturas que la empresa entregó a la pasada legislatura”, informó la Secretaría General del Congreso en 2010. En 2010 era titular de esa oficina el priísta Carlos Corona Martín del Campo. Como secretario general, su paso fue efímero, polémico, y a la fecha existe una auditoría externa hecha a su gestión, la cual los diputados se niegan a dar a conocer. “Ya mero”, es lo que han dicho algunos de ellos cuando se les pregunta sobre esa revisión a las cuentas del priísta. El diputado local panista Héctor Álvarez Contreras demandó a Corona por la presunta compra a sobreprecio del aire acondicionado para ese edificio de seis pisos. Se pagaron 8.4 millones de pesos por un aire acondicionado que apenas sopla. Caminar por el edificio de Juárez, perteneciente al Congreso del Estado, recuerda esos episodios en que uno acudía a una clínica del IMSS en pésimas condiciones. El polvo, la suciedad, lo desvencijado en algunas de sus partes, convergen con los seis pisos en los que trabajan los empleados adscritos a diferentes comisiones parlamentarias. Pero cuenta con áreas importantes, sobre todo en el primer piso donde están: Control Presupuestal, el órgano técnico de la comisión de Hacienda, o el área de las Formas Valoradas –los documentos oficiales que produce y vende el Congreso, y que le han representado ingresos en los últimos años por casi 120 millones de pesos–. En Juárez y Corona desfilan decenas de supernumerarios, el personal que ha engrosado la nómina legislativa. También están los aviadores, según varios empleados. Y también los próximos a basificar. Un personaje que ahí trabaja es Antonio Rocha Santos. Él era el abogado del Congreso hasta hace tres meses; en su lugar quedó Luis Enrique Villanueva. Fue cuestionado por la fracción del PAN por la defensa del caso del ex diputado Gustavo Macías, destituido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por desacato a una orden judicial. A Rocha Santos, según testimonios de trabajadores, se le ha visto en el primer piso del edificio de Juárez. Apenas el jueves pasado se le vio también en el inmueble de la avenida Hidalgo. “¿Vienes a cobrar?”, le preguntó un trabajador en uno de los pasillos, cercano a la oficina de la secretaría general. “¿Qué pasó?”, contestó Rocha. Según fuentes legislativas el ex abogado del Congreso fue recontratado por honorarios para trabajar en el proceso de entrega-recepción; ahora, todo apunta a que será basificado como auxiliar administrativo en la Dirección de Control Patrimonial con el sueldo que tenía como director jurídico, de más de 50 mil pesos mensuales. Así, el edificio que costó 30 millones de pesos, al que “remodelaron” con 41 millones de pesos, ha servido para albergar al personal supernumerario que en los días próximos tendrá su plaza en el Poder Legislativo estatal.
Fuente: La Jornada Jalisco