Fue el coordinador de la próxima bancada del PRI en el Congreso local, el diputado electo Miguel Castro Reynoso, quien promovió un juicio de nulidad ante el TAE por considerar que los contratos con los que los actuales legisladores otorgaron el derecho del pago de finiquitos a algunos supernumerarios dañaría las finanzas de la siguiente legislatura, pues se requerirían al menos 32 millones de pesos para entregar a cada trabajador temporal tres meses de salario.

La medida cautelar otorgada por el magistrado Armando García Estrada, de la Cuarta Sala Unitaria, y que consta en el expediente 454/2012, se basa en la posibilidad de que el “hecho reclamado”, es decir, el pago de finiquitos, sea algo “inminente”.

En su argumentación ante el Tribunal, Castro expuso que se contaba con información de que se pretendían pagar las liquidaciones de los supernumerarios a través de un préstamo obtenido por el Poder Legislativo o utilizando recursos destinados a la siguiente legislatura.

Pero además, la resolución del TAE establece que al no recibir estos finiquitos los supernumerarios tampoco generarán el derecho de ser recontratados al terminarse su contrato.

Y es que cuando se dio a conocer que en los contratos de la mayoría de los trabajadores temporales se había incluido una cláusula en la que se les garantizaba el pago de tres meses de sueldo como liquidación al término de la legislatura, el actual coordinador de los diputados panistas, Antonio de la Torre, advirtió que de no pagarles, automáticamente tendrían que ser recontratados por la siguiente legislatura con temporalidad indefinida.

Tras las declaraciones de De la Torre y conocer la cláusula de liquidación, Castro Reynoso advirtió que se trataba de contratos irregulares que la siguiente legislatura, la 60, no estaría dispuesta a validar; sus declaraciones fueron consideradas por los supernumerarios como un ataque frontal en su contra y desde el miércoles de la semana pasada comenzaron a repartir volantes en los que se criticaba al próximo coordinador priísta, a la vez que ofrecía una ruta “legal” para que los supernumerarios exigieran su basificación como trabajadores del Poder Legislativo.

El texto de la resolución ordena a la actual legislatura que “no realice pago alguno por concepto de indemnización a los trabajadores contratados bajo la modalidad de eventuales o supernumerarios al término del nombramiento para el cual fueron contratados y como consecuencia de ello no deberán otorgar renovación o definitividad de esos contratos al término de su vigencia”.

Según Castro Reynoso, “esto quiere decir que los salarios de los trabajadores están seguros y con ello, sus prestaciones de ley, pero de ninguna manera se les otorgarán pagos ilegales como indemnizaciones por tres meses o recontratación automática que mañosamente les habían firmado las autoridades actuales del Congreso”.

Fuente: La Jornada Jalisco