El informe oficial de la compañía lo acompañó de una fotografía en la que aparecen sonrientes y y estrechándose la mano el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el presidente de la empresa, Ignacio Sánchez Galán.
La operación entre Iberdrola y el Estado mexicano fue posible gracias a la intervención del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), que se convirtió en el principal negociador por parte del lado mexicano para la adquisición para el patrimonio nacional de algo más de ocho mil 500 megavatios de activos de generación de energía, que ahora en lugar de estar controlados y gestionados por esta multinacional extranjera estarán bajo control del Estado mexicano.
El costo de la operación rondó los seis mil millones de dólares (108 mil millones de pesos).
En el comunicado, la multinacional informó que “Iberdrola México y Mexico Infrastructure Partners (MIP) han firmado el acuerdo vinculante, por el que el fideicomiso liderado y gestionado por MIP adquiere el 55 por ciento del beneficio bruto de explotación (ebitda) de Iberdrola en el país, incluyendo los contratos asociados y los más de 410 empleos relacionados”.
Según lo firmado por Iberdrola, dentro del acuerdo, el 99 por ciento corresponde a ciclos combinados de gas y el 87 por ciento a plantas que operan bajo el régimen de Productor Independiente de Energía, contratadas con la Comisión Federal de Electricidad (FCE).
“La operación se cierra de acuerdo con los términos acordados y el calendario previsto”, especifica la nota. Los ciclos combinados de gas que se incluyen en el acuerdo son Monterrey I y II -449 MW-, Altamira III y IV -mil 96 MW-, Altamira V -mil 155 MW-, Escobedo -878 MW-, La Laguna -537 MW-, Tamazunchale I -mil 179 MW-, Baja California -324MW-, Topolobampo II -917 MW- y Topolobampo III -766 MW-, junto con el activo eólico La Venta III -103 MW-.
Esto supone “un 87 por ciento del total de la capacidad instalada a desinvertir, y los ciclos combinados de gas privados de Monterrey III y IV -477 MW-, Tamazunchale II -514 MW- y Enertek -144 MW-. Con lo que los 410 empleados de estas instalaciones también pasarán a formar parte del fideicomiso liderado y gestionado por MIP. Tras la operación, Iberdrola conservará 13 plantas, toda su actividad con clientes privados y su cartera de proyectos renovables de 6.000 MW en México, donde tiene previsto seguir incrementando sus activos eólicos y solares en los próximos años.
De ahí que en el mismo comunicado, la multinacional española informó que había recibido la autorización por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) al parque eólico Santiago, ubicado en el estado de Guanajuato y con una capacidad instalada de 105 MW.
Con la firma de esta acuerdo vinculante, Iberdrola sigue la hoja de ruta que trazó en el Consejo de Administración de la empresa del pasado 4 de abril, en el que se decidió vender la mayoría de los activos en México después de unas duras negociaciones con el gobierno de López Obrador, quien en el inicio de su mandato se fijó como una de sus prioridades la recuperación de la autonomía energética perdida durante los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en los que las grandes multinacionales internacionales, como Iberdrola, recibieron un trato de favor para realizar negocios en nuestro país.