En espera de que la Comisión del Trabajo –que la tarde de ayer distribuyó el proyecto– tenga listo el dictamen en los próximos días, la Junta de Coordinación Política acordó que la sesión del jueves se declare permanente para votar la propuesta.

Rechazo perredista

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la comisión advirtió que no se puede votar por el texto, de 115 cuartillas, sin antes cumplir el periodo de cinco días que marca el reglamento de la Cámara de Diputados entre el momento que se conoce el proyecto y su aprobación como dictamen.

El secretario de la comisión, el perredista Martí Batres, solicitó que la votación se realice el sábado, ante el rechazo de la mayoría de PRI y PAN en esa instancia legislativa. El diputado del sol azteca argumentó que si esas bancadas ya tenían negociado el mayoriteo del documento en el pleno, no era necesario que mostraran tanta prisa en sacarlo el jueves.

“Salario digno”

A pesar de su contenido, el proyecto incluye una definición de“salario digno o decente”.

Así, se entiende como tal “aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador, no existe discriminación (...) se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador, capacitación continua para el incremento de la productividad y el bienestar, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos”en el empleo.

Ante el rechazo del sindicalismo vinculado al PRI, no se admitió la propuesta de Calderón de que la elección de las dirigencias gremiales sea “mediante voto libre, universal, directo y secreto”;en cambio, se plantea que el proceso para la elección “salvaguardará el libre ejercicio del voto”.

Aunque se incluye el derecho de los trabajadores a conocer el destino de las cuotas, se dejó fuera la exigencia de que los patrones ya no las retengan y que sean voluntarias.

También se suprimió la propuesta presidencial de que los sindicatos no obliguen a sus agremiados a votar por determinado candidato o partido.

El proyecto de dictamen incluye todo un capítulo sobre las nuevas modalidades de contratación, como hacerlo por temporada, lo que estará sujeto a periodo de prueba o capacitación inicial.

El periodo de prueba de un mes, “con el único fin de verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se solicita”, podrá extenderse hasta seis meses, pero sólo para puestos de dirección, gerenciales, dirección o administración de empresas y que requieran conocimientos profesionales especializados.

Si “a juicio del patrón” el empleado “no satisface los requisitos se dará por terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad” para el primero.

También se impone la figura de “capacitación inicial”, por la que “un trabajador se obliga a prestar servicios subordinados, bajo la dirección y mando del patrón, con el fin de que adquiera los conocimientos o habilidades necesarios para la actividad para la que vaya a ser contratado”.

Esos contratos tendrán vigencia de tres meses, y de seis para cargos de dirección, y en ese periodo los empleados recibirán salario y prestaciones.

Únicamente cuando concluyan los periodos de prueba o capacitación inicial y subsista la relación laboral, ésta se considerará por tiempo indeterminado y sólo a partir de entonces se computará la antigüedad en el empleo.

Se añade un capítulo sobre capacitación obligatoria, que implica la aplicación de exámenes a los trabajadores y que éstos obtengan un “certificado de competencia laboral”.

Las vacantes definitivas, provisionales de más de 30 días y puestos de nueva creación “serán cubiertos por el trabajador que acredite mayor productividad”.

Además, se considera el pago por hora, con derecho a seguridad social, pero el proyecto señala que “el ingreso recibido por esta modalidad en ningún caso será inferior al que corresponda a una jornada”.

En el caso de la subcontratación, la comisión incluyó cuatrocandados: que no se realice en actividades sustantivas que constituyan el objeto principal de la empresa a la que se presta el servicio, justificarse por su carácter especializado, no abarcar la totalidad de las actividades del centro de trabajo y no comprende tareas iguales o similares que ejercen el resto de los empleados al servicio del beneficiario.

Fuente: La Jornada