Muchos años han transcurrido sin que los habitantes y víctimas de la hecatombe conozcan la VERDAD de lo sucedido en el subsuelo del Sector Reforma, cuyos daños, perjuicios y secuelas aún hoy subsisten, y mucho más en la vida de los sobrevivientes (lesionados, evacuados, empresarios quebrados, trabajadores desempleados, huérfanos, viudas, etcétera).
Resumen de la Impunidad descrito por un organismo ciudadano de derechos humanos:
"(....) El histórico CRIMEN, al no haber sido sancionado conforme a nuestra Constitución y los Códigos Penal, Civil y Ambiental, permanece en la IMPUNIDAD y el caso no se podrá ya resolver en los Tribunales Mexicanos, pues el pasado 07 de abril de 2011, los magistrados federales del 5º TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, Jorge Figueroa Cacho, Alicia Guadalupe Cabral Parra y Enrique Dueñas Sarabia (ponente), negaron el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a los quejosos J. Fernando Acosta Fregoso y María de Jesús Ramírez González, en el Juicio de Amparo Directo740/2010, que presentaron el 8 de noviembre de 2010, contra actos de 2º Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Gto., así como de la magistrado federal del 4º Tribunal Unitario del Tercer Circuito, que estimaron violatorios de los Artículos 14º, 16º, 17º y 133º de la Constitución de la República, consistentes en la Sentencia dictada el 7 de octubre del mismo año, en el Cuaderno Auxiliar 294/2010-III, derivado del Toca de Apelación 8/2010, que confirmó la sentencia definitiva del 18 de febrero de 2010, pronunciada por el JUEZ 2º DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO., en el Juicio Civil Ordinario 13/1994, promovido por ambos sobrevivientes de las explosiones del 92 contra: • La empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX); • La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (hoy SEDESOL): y, • El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana de Guadalajara (SIAPA).
La Red llevó durante 19 años (mañana) un Juicio de Responsabilidad Civil Objetiva y Daño Moral a favor de la Familia Acosta Ramírez, víctima de la tragedia en la Colonia San Carlos, en el citado JUZGADO 2º DE DISTRITO, que era el último procedimiento jurídico mediante el que Ustedes, la Ciudad, la Familia Acosta y el conjunto de las víctimas del 22 de Abril podrían conocer –en definitiva- las causas y responsables de la tragedia. El firme e insobornable anhelo de JUSTICIA de los Acosta Ramírez, un matrimonio víctima de la tragedia, que acudió a nosotros en busca de apoyo en 1993, ha sufrido el pasado 07 de abril una tremenda decepción, pues pese a mantener el Juicio más largo y mejor fundado que haya conocido el Poder Judicial Federal sobre el caso, el peso de la consigna y la impunidad nuevamente se impuso contra las pruebas que acreditaban la plena responsabilidad civil de PEMEX y SIAPA en la conflagración de 1992, que cambió drásticamente sus vidas.
Si el PRI cayó del poder en 1995, en Jalisco, en gran parte se debió a la responsabilidad directa en la tragedia de sus gobernantes, a su empeño en proteger a los culpables y a la política que utilizó para “atender” a los “damnificados” (víctimas de manipulación, y múltiples delitos penales, administrativos y ambientales). Aunque la fuerza del Juicio radicaba en las 27 PRUEBAS ofrecidas por las víctimas que demostraron –dentro del Juicio- la inexcusable responsabilidad de 2 de las 3 las instituciones demandadas en las explosiones del Colector Intermedio Oriente (causa del mal causado), de nada sirvieron según los magistrados federales del 5º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con residencia en esta Ciudad. Si bien los actores no pudieron demostrar la responsabilidad civil de la SEDUE (SEDESOL) en las explosiones y la in-evacuación del Sector Reforma, sí lo acreditaron respecto de PEMEX y el SIAPA, que cargaron –en diversa proporción- con la responsabilidad fundamental en las explosiones y la devastación de casi 12 kms. de calles densamente pobladas del S.R. Las PRUEBAS aportadas fueron contundentes: • 7 Documentales públicas. • 14 Documentales privadas. • 3 Inspecciones Judiciales. • 1 Reconocimiento (presupuesto para reconstruir la casa de Azucena Nº 275, Colonia San Carlos). • 2 Documentales de Informes. • Una Testimonial. • Una Pericial de causalidad (en materia de “Protección Civil”). • 1 Presuncional legal y humana. • 3 Confesionales a cargo de PEMEX, SIAPA y SEDUE (hoy SEDESOL) • Varias supervinientes... El Juicio se prolongó en demasía (18 años) pues las instituciones demandadas llamaron a juicio como “terceros” a otras dependencias federales, estatales y particulares como: • La Procuraduría General de la República (PGR); • La Aseguradora Mexicana (Asemex) –hoy Seguros Axa;- y, al • “Patronato para el Auxilio e Indemnización de los Afectados de la Zona Siniestrada del SR”, que encabezó el exalcalde Gabriel Covarrubias, quien echó la culpa de lo ocurrido a las “circunstancias”, en obvia actitud encubridora. ¿Con qué fin?.
Apostaba a la ignorancia y resignación del pueblo, a cansar a las víctimas y aumentar los costos judiciales, hasta hacerlos desistir del legítimo intento por obtener la Justicia que el Juzgado 6º de Distrito en Materia Penal negó en el Proceso 70/92, plagado de anomalías, en conjunto con los tres últimos Gobiernos Federales y Estatales (incluyendo los panistas, que lucraron con el caso pero fallaron a la hora de cumplir). 7 Jueces intervinieron en el Juicio 13/94, habiendo resuelto de manera grotesca el último de la lista siguiente sobre el fondo del litigio (responsabilidad civil objetiva y daño moral ocasionado por los demandados a los actores en personas, bienes, derechos y familia): 1. Lic. Raquel Aldama Vega..... 1994. 2. Lic. Gustavo Alcaráz Núñez... 1994-1995 3. Lic. Gabriel Montes Alcaráz... 1996-2000 4. Lic. Alfredo Sánchez Castelán... 2000-2001 5. Lic. Salvador Murguía Munguía... 2001-2004, 6. Lic. Moisés Muñoz Padilla... 2004-09 (removido poco antes de pasar a Sentencia Definitiva); y 7. Lic. Héctor Martínez R. (Sonora) 2009-2011. El Juzgado cambió de sede en tres ocasiones en los pasados 19 años (Av. Federalismo Norte; Justo Sierra y, actualmente, se ubica en el séptimo piso del edificio judicial esquina Av. Américas con Eulogio Parra, Col. Ladrón de Guevara), en esta ciudad. Dentro del Juicio: la Prueba PERICIAL DE CAUSALIDAD (Explosiones y Protección Civil), emitida por tres peritos en enero y febrero de 2006, mediante sus respectivos DICTAMENES y CONCLUSIONES, demostró que efectivamente se debió a diversas negligencias y conductas irresponsables de funcionarios de PEMEX y SIAPA la hecatombe química y ecológica.
Los dictámenes sustentados en una revisión exhaustiva de lo actuado dentro del Proceso Penal 70/92, demuestran no sólo la responsabilidad civil y criminal de tales dependencias federal y estatal, sino también del entonces Director del H. Cuerpo de Bomberos del Municipio de Guadalajara, Trinidad López Rivas, quien pese a ser perito en fuego tuvo una actitud irresponsable al no ordenar la evacuación de la población civil, abrir y oxigenar el alcantarillado del S. Reforma, etc. Los abogados de PEMEX y su Aseguradora objetaron la admisión y desahogo de esta prueba, cuyos dictámenes ilustran de manera científica y categórica cómo ocurrieron las explosiones que demolieron fincas, fuentes de trabajo, personas y sueños, no sólo de la familia ACOSTA RAMIREZ, sino de la mayoría de los habitantes de la calle Gante y del S. Reforma, y qué parte de responsabilidad comparten PEMEX, SEDUE, SIAPA y el Cuerpo de BOMBEROS, según la gráfica del “TRIANGULO DE FUEGO” que ilustra uno de los ellos.
PREGUNTA FUNDAMENTAL: Pese a la fallida tentativa del Juicio Acosta versus PEMEX/SEDUE/SIAPA, ¿se podría considerar que el caso está jurídicamente “cerrado”?. Guadalupe Morfín Otero, segunda titular de la CEDHJ, contradijo la absurda postura del primer “Ombudsman” local, al considerar en su todavía incumplida Recomendación 16/2000 que la acción de responsabilidad civil objetiva no ha prescrito en nuestro sistema jurídico en beneficio de las víctimas, recomendando al Gobierno del Estado contratar un despacho para presentar nuevas demandas a su favor, pues las secuelas aún no cesan de afectarlos en su vida, imagen, honra, salud, y otros derechos. PROCEDIMIENTO A SEGUIR: Al agotarse ya la totalidad de los recursos internos del sistema jurídico mexicano, a la familia Acosta Ramírez y a sus abogados (Caso 22 de Abril de 1992) solamente nos queda acudir a las instancias hemisféricas a reclamar la Justicia Civil y Ambiental que nos negaron durante 19 años las autoridades federales nacionales.
Es así como el próximo mes anunciaremos si acudimos al Sistema Interamericano de Protección y Defensa de los Derechos Humanos (OEA), en el plazo de los próximos 6 meses, o si nos resignamos a la Impunidad reinante. La Red les manifiesta a Don Fernando Acosta, a su esposa e hijos(as) su respeto por la firme actitud sostenida durante los pasados 19 años y hace votos porque puedan alcanzar la Justicia denegada hasta hoy.
AGENDA de rezagos y pendientes que plantea el caso a 19 años de distancia:
1.- Seguimos sin conocer la VERDAD. Pese a las pruebas aportadas en el Juicio 13/94 por las víctimas y sus abogados, la sentencia les quitó valor jurídico para acreditar las prestaciones reclamadas a PEMEX/SEDUE/SIAPA, como responsables de la tragedia.
2.- Liquidación pendiente. El “Patronato para el Auxilio e Indemnización de los Afectados del Sector Reforma”, creado el 12 de mayo de 1992 por el Gobierno de Jalisco, no ha sido auditado ni liquidado administrativamente conforme a derecho. El “Pacto Taylor-Covarrubias” (PRIAN), adoptado por Diputados de la LIV Legislatura así lo decidió.
3.- ¿Dónde quedó el expediente?. La Comisión Especial del Caso 22 de Abril en el Congreso del trienio 1996-98 se comprometió a “abrir nuevas líneas de investigación ante la PGR y liquidar al patronato”, para lo que decidió traer al Congreso del Estado una copia certificada de la Causa 70/92 que se instruyó en el Juzgado 6º. de Distrito en Materia Penal de Puente Grande. Llegaron varias cajas con copias de dos averiguaciones previas, pero la copia prometida por los diputados a los jaliscienses aún no llega ni ha sido puesta a disposición. La familia Acosta no pudo desahogar una prueba en virtud de ese fraude.
4.- Abandono de las víctimas. Este año murieron 7 cinco víctimas más de las explosiones del S. Reforma, que sobrevivieron a duras penas a la tragedia y sus destructivas secuelas. Las autoridades estatales y municipales siguen sin abrir un centro para atender física y psíquicamente a los sobrevivientes, que cargan solos el dolor y peso de su desgracia individual y colectiva. La Zona Siniestrada del S. Reforma sigue sin ser socialmente reconstruida. La inhumanidad de las autoridades está a la vista y es reprobable e inaceptable para nosotros.
5.- La NO construcción del Monumento In Memoriam. En abril de 1993 el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento tapatío se comprometieron públicamente a construir un monumento luctuoso en homenaje a las víctimas y la ciudad ultrajada, previa convocatoria a concurso que ganó el Arq. Juan Lanzagorta Vallín. Se le entregó el premio, pero se le negó la construcción de la obra. En 1999, el Cabildo de Guadalajara autorizó la construcción en el Parque El Deán; sin embargo, nada se ha hecho en este sentido. La “Estela contra el Olvido” inaugurada en el 2004 en el parque de San Sebastián en Analco, fue levantada por organismos académicos y civiles, con apoyo de un sector de víctimas, pero no llena el vacío del Monumento “In Memoriam” que la Ciudad le debe a sus hijos.
6.- ¿Para qué la Comisión Especial del Congreso?. En 1992 la LII Legislatura del Congreso creó la Comisión Especial para los Hechos del 22 de Abril con el objetivo primordial de esclarecer la tragedia y asegurar la reparación del daño a las víctimas y a la sociedad agraviada. Evitar que la solidaridad nacional e internacional se desviara y que la justicia se torciera. Sin embargo, aunque el Congreso mantuvo durante seis Legislaturas esa Comisión Especial, al incumplir los objetivos trazados y, por tanto, la instancia de fiscalización ha fracasado y debe desaparecer, pues sus logros son escasos y sus errores abundantes, como su costo. 7.- Denigrante que el Director de la UEPC siga en el servicio público.
El mayor Trinidad López Rivas, Jefe de Bomberos de la Ciudad en 1992 y corresponsable de las explosiones y la inevacuación de la población del Sector Reforma, ha sido mantenido en el servicio público por el “Gobierno del Cambio” (PAN), que se comprometió a esclarecer la tragedia y a castigar a los responsables. En lugar de darlo de baja del servicio público o sancionarlo, el Lic. FRA le encomendó al mayor durante la presente Administración 2001-2007 dirigir la Unidad Estatal de Protección Civil, premiando así la negligencia y la impunidad. Ello es grotesco y sería cómico, sino antes no fuera trágico para la cultura de prevención de desastres que se pretende crear, es el caso, que con el gobierno de Aristóteles Sandoval todavía continúa en el cargo, en lugar de ser investigado y sancionado.
“No se puede poner vino nuevo en odres viejos”. “A 19 años... el 22 de Abril vive para conocer la VERDAD”. ( fuente Red Jalisciense de Derechos Humanos)
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J. Trinidad López Rivas, fue jefe de la policía municipal de Guadalajara, y su comportamiento fue de un represor, mentiroso y de un delincuente, cuando reprimió con violencia, ferocidad y exceso de fuerza policíaca una pequeña manifestación ciudadana pacífica, que se llevaba a cabo a las puertas del Palacio Municipal de Guadalajara en contra del entonces presidente municipal Alberto Mora López, habiendo dos detenidos en esa represión policiaca, los cuales detenidos por orden de J. Trinidad López Rivas fueron acusados con falsedad y dolo, de haber golpeado, herido, desarmado, robo de armas y roto los uniformes de varios policías municipales de Guadalajara. Los dos detenidos, no obstante que J. Trinidad López Rivas de forma verbal y directa les comunicó que los iba a liberar, con engaños fueron remitidos por J. Trinidad López Rivas por supuestos delitos de lesiones a policías, a la entonces Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco, en donde los detenidos fueron torturados, golpeados, amenazados y mantenidos ocultos por varios días a sus familiares y amigos, asimismo, estuvieron confinados en una celda junto con peligrosos criminales y sufrieron simulaciones de que eran remitidos a la cárcel de Puente Grande como consecuencia de una averiguación penal. Sólo una orden de un juez de Distrito por medio de un juicio de amparo, fue posible para que fueran liberados de inmediato los dos detenidos, por haber sido detenidos ilegalmente.
Año 2016: Enrique Dau Flores, entonces presidente municipal de Guadalajara en el año 1992, estuvo preso con motivo de su negligencia con relación a los sucesos trágicos del 22 de abril de 1992, y fue jefe directo de J. Trinidad López Rivas, quien fungía como jefe de bomberos de Guadalajara. Actualmente Enrique Dau Flores en el año 2016, es un funcionario influyente del gobierno priista estatal de Aristóteles Sandoval.
Año 2016: Actualmente, J. Trinidad López Rivas es Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil y de Bomberos del Estado de Jalisco, en el gobierno priista estatal del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, no obstante su ineptitud y conducta negligente desplegada en la tragedia del 22 de abril de 1992 en la que por su negligencia murieron muchos vecinos del Sector Reforma, y de que además es un pensionado VIP y de lujo del IPEJAL con una pensión mensual de $101,689.93 pesos, esto es, está siendo premiado con doble sueldo (Un pensionado sin los privilegios de José Trinidad López Rivas, puede recibir una pensión de apenas poco más de 300 pesos mensuales hasta unos 11 mil mensuales, de acuerdo a cifras del IPEJAL).
Referencia: El miércoles 22 de abril de 1992, a las 10 de la mañana, sucedieron una serie de explosiones por la acumulación de gasolina proveniente de tuberías de PEMEX en el Barrio de Analco, la Colonia Atlas, San Carlos y las Conchas. Dejaron 234 muertos, mil 300 lesionados (600 de gravedad), tres mil fincas dañadas y 705 completamente destruidas. Los habitantes del Sector Reforma no fueron evacuados oportunamente, porque el entonces jefe de bomberos J. Trinidad López Rivas dijo públicamente que no había peligro y que no era necesaria la evacuación de los vecinos.
